En una audiencia pública, organizada por la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, se debatió el proyecto de suspensión de desalojos colectivos rurales o urbanos, ante la pandemia.
El secretario ejecutivo de Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, mencionó que la Corte tiene actualmente 459 juicios de desalojos, y la Fiscalía, 886 causas procesadas.
El senador del Frente Guasu Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez, presidente de Pueblos Indígenas, estuvo dirigiendo la reunión virtual.
Trajo a colación que la propuesta había sido presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), así como varias asociaciones civiles.
Remarcó que existe una gran preocupación atendiendo a que, de acuerdo con los datos que manejan, están pendientes 800 órdenes de desalojo a nivel judicial.
Hizo referencia a una recomendación por parte de las Naciones Unidas a los gobiernos, de que se evite este tipo de situaciones, mientras dure la pandemia.
Además se mencionó que los sectores más afectados por estas medidas son los más vulnerables, ya que se trata de comunidades indígenas, que, en algunos casos, son desalojados de sus propias tierras en el interior del país.
“El Estado, constituido por los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe atender esta cuestión muy seriamente”, dijo Kencho.
“No queremos participar más en desplazamientos, como ha ocurrido con la comunidad de Ka’a Poty, que fueron expulsados de sus propias tierras”, manifestó.
El proyecto es muy simple, tiene como fin suspender órdenes judiciales o administrativas para desalojar a personas, y que el Congreso realice informes sobre los desalojos que ya se cometieron”, explicó Ayala.
800
desalojos están pendientes de acuerdo con los datos que se dieron a conocer durante una audiencia pública.
