Justicia pronta pero cara. En los últimos 27 años de democracia, 16 magistrados de todo el país fueron imputados por hechos de corrupción y solo uno de ellos llegó a entrar a una penitenciaría para cumplir una condena.
El juez de Ciudad del Este Hugo Alberto Hermosilla fue el primer magistrado en ser detenido por un pedido de coima. Los archivos señalan que solicitó 40.000 dólares para liberar mercaderías incautadas y fue filmado haciéndolo. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó del cargo.
El último caso se dio el pasado miércoles, cuando la Fiscalía Anticorrupción imputó por cohecho pasivo agravado al juez de Sentencia de Misiones Óscar Ramón Talavera. Este fue registrado por una cámara oculta de Latele y ÚH negociando una coima para otorgar una sentencia de 3 años de cárcel a un procesado por tráfico de marihuana.
La única magistrada que llegó a ir a prisión por un caso de coima es Nunila Recalde, quien fungía de jueza de Garantías de Lambaré cuando fue filmada en febrero del 2011 recibiendo G. 10 millones para liberar a un recluso. Recalde fue condenada a 9 años de cárcel, luego le redujeron la pena a 7 años y estuvo 4 años y 8 meses en prisión. La mujer fue liberada bajo libertad condicional en enero del 2016.
CHICANAS. En la mayoría de estas causas, los procesos se extienden por años sin que se resuelvan. Este es el caso, por ejemplo, del juez Miguel Ángel Cárdenas, procesado por cohecho pasivo desde febrero del 2012. A pesar de que pasaron más de 4 años, aún no se pudo realizar la audiencia preliminar, tras una serie de inhibiciones de jueces y ausencias de la defensa. En esta audiencia se debe definir si el caso pasa a un juicio oral.
El caso del juez Roberto Martínez también fue dilatado. Luego de 10 años y cinco meses, en agosto pasado el Tribunal de Apelación en lo Penal, con voto dividido, confirmó la resolución de la jueza Penal de la Adolescencia, Edith Coronel, de abril de este año, que decretó la prescripción de la causa.
Hubo otros casos en los cuales las condenas fueron mínimas e incluso los condenados se salvaron de ir a la cárcel (ver infografía). El delito de cohecho pasivo, más conocido como coima, tiene un marco penal de hasta 5 años de cárcel y, cuando hay agravantes, puede llegar a los 10 años.
POCA CREDIBILIDAD. El ex fiscal anticorrupción y actual senador Arnaldo Giuzzio señaló que la escasa cantidad de jueces que fueron imputados por coima en los últimos años se debe a la poca credibilidad de las institución públicas.
“Estamos como acostumbrándonos a la corrupción. La sociedad parece que va asimilando eso. Si no hubo en estos últimos años muchos casos de coima de jueces, creo que es por la falta de credibilidad del ciudadano hacia las instituciones y por eso no hace sus denuncias, no cree en el político, en el fiscal ni en los jueces”, opinó el congresista.
