De acuerdo con Diego Oddone, miembro de la junta ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), se trata de una interpretación arbitraria de la CGR, que utiliza una herramienta solo válida para el funcionariado público, como es la obligación de presentar su declaración jurada, y la traslada no a las sociedades anónimas ni a las empresas como personas jurídicas, sino a las personas que ocupan altos cargos en las firmas particulares.
“A los apurones y en medio de la cuarentena, la Contraloría solicita que la DNCP requiera tres o cuatro veces declaración jurada de los particulares, miembros de las empresas que se presentan a licitación: Al presentar la oferta, al ser adjudicado y al recibir el primer pago. Por eso pedimos a Contrataciones que se pueda posponer 180 días la aplicación de esa ley”, refirió.
Esto último es con el fin de que se pueda analizar mejor el alcance de esa reglamentación. De momento, cualquier particular gerente de una empresa debe hacer de forma personal la declaración de bienes. No se podía accionar antes, según Oddone, porque no estaba reglamentada esa ley, y actualmente en cuarentena los tribunales se encuentran mayormente cerrados.
Un aspecto criticable es que las declaraciones deben ser enviadas por correo electrónico, lo cual es considerado no tan seguro al tratarse de datos sensibles, mientras que para el funcionariado existe un sistema encriptado, que es resguardado en Contraloría.
Oddone habló de una cuestión de forma y de fondo: En la primera, se trata de algo inviable realizar esos trámites en plena cuarentena, porque hoy no existen los sistemas ni circuitos adecuados; y en lo segundo, se tendrá que eventualmente recurrir a una acción de inconstitucionalidad, al tratarse de algo que solo debe regir para el funcionariado público, pero no para los particulares.
La exigencia mencionada no tiene sustento en la Constitución Nacional, señalan.
