08 ago 2026

Empresaria usó a Fiscalía y a la Justicia, dice abogado

Una causa contra el profesional había sido desestimada en diciembre del 2023 y él menciona que todas las denuncias de su suegra son para evadir responsabilidades y para perjudicarlo.

28699192

Causa. El abogado denunció perjuicio patrimonial.

Foto: X.

El abogado Ricardo Sasiain Sosa citó que las denuncias que hace constantemente en su contra la empresaria María Eugenia Acosta son con el objeto de desacreditarlo y desviar la atención, ya que ella cuenta con una acusación por lesión de confianza tras una denuncia realizada por él.

El profesional tenía una causa por supuesta falsificación de documentos, pero esta fue desestimada en diciembre del 2023. Luego, él la denunció por denuncia falsa y Acosta terminó con un criterio de oportunidad, pagando G. 30 millones como donación.

Luego, la Fiscalía la acusó por supuesto perjuicio patrimonial a la firma Biotécnica SRL, que asciende a USD 2.157.658.

“María Eugenia Acosta ha utilizado tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial como herramienta para afectar mi persona y a mi familia, pues en las denuncias se ha demostrado que faltan a la verdad”, expresó el abogado.

Aseguró que la mujer busca evadir su responsabilidad en un juicio civil de rendición de cuentas, donde ya se comunicó al Ministerio Público que hubo desacato a una orden judicial, porque la mujer no permitió acceder a la documentación ni a los libros contables de la sociedad.

EN SU CONTRA. Recientemente, declaró ante ÚH el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, alegando que denunciaron la “falsificación de las firmas de la señora María Eugenia Acosta, representante en su momento de la firma Biotécnica SRL, en documentos para que la firma Sasiain Incorp presente lo que necesitaba para obtener los permisos para la producción de marihuana medicinal”.

Dijo que “Ricardo Sasiain, casado con Antonella Galli (hija de María Eugenia Acosta), lo que quiso es que Biotécnica SRL y Sasiain Incorp firmen un consorcio para poder hacer la explotación de marihuana medicinal, y Acosta se negó”.

Dijo que descubrieron el contrato de locación falsificado de Acosta tiempo después.

Más contenido de esta sección
En un segundo juicio oral sobre la pena, el Tribunal de Sentencia condenó a 7 años de cárcel a Ada Arasy Ruiz Díaz de Lezcano, como cómplice de homicidio doloso en el asesinato de Líder Javier Ríos Cañete. Su ex esposo, el ex policía Oliver Lezcano, había sido condenado a 18 años de prisión, más 5 años de medidas de seguridad. En el primer juicio, la mujer tuvo 10 años de encierro, pero anularon la pena.
El Tribunal de Apelación Especializado ratificó el sobreseimiento definitivo del ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona y de la ex viceministra Marta Regina Benítez en el caso del fallido Metrobús. En mayoría, los camaristas declararon inadmisible el recurso de la defensa del ex ministro Arnoldo Wiens, en contra del fallo.
Ocho de los nueve imputados por el millonario desvío de G. 61.000 millones del Instituto de Previsión Social (IPS), ya tienen libertad ambulatoria. Solo falta el ex presidente Vicente Bataglia, quien se encuentra fuera del país.
El ex dirigente deportivo Ramón Mario González Daher desistió de su recurso de apelación especial, contra la condena de 2 años de cárcel que le aplicaron por testimonio falso. De esta manera, queda firme su pena por este hecho punible. El prestamista cumple otra sanción de 15 años de encierro por usura, denuncia falsa y lavado de dinero.
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso de casación promovido en una causa de supuesta estafa, con lo que quedó firme la absolución de Farid Yinde Ríos en el caso. El presunto perjuicio que se había denunciado era de más de G. 3.500 millones, tras haber tenido un contrato para recuperación de créditos fiscales.
El juez federal Rossie D. Alston, Jr. del distrito de los Estados Unidos denegó a Sebastián Marset las visitas confidenciales abogado-cliente con su defensor uruguayo Santiago Moratorio, ya que no es parte de su equipo de defensa estadounidense, ni está acreditado en la causa. El procesado está preso, esperando su juicio que comenzará el 11 de enero.