Emiliano Rolón insistió en que la labor de la Fiscalía debe mantenerse alejada de las tensiones partidarias.
“Cada quien tiene su ámbito propio de definición. El ámbito político se caracteriza siempre por ser pasional, por interacciones intensas entre las partes, y lo nuestro debe ser mesurado”, afirmó.
Rolón sostuvo que el Ministerio Público actúa bajo parámetros constitucionales y procesales y que cualquier discusión sobre el caso debe darse dentro del expediente judicial y no en los medios.
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“Está en una causa penal, está en una situación en ciernes. Esas cuestiones deben responderse no por presentaciones hechas a los medios, sino por las defensas eficaces que se hagan dentro de los casos”, señaló.
Fiscala del caso Rivas
El fiscal general también se refirió al protocolo de resguardo activado para la fiscala Patricia Sánchez Saldívar, vinculada al caso.
Explicó que la medida responde únicamente a criterios preventivos y no implica automáticamente la apertura de una investigación penal.
“Confundimos mucho y hasta se nos exige actividades extraordinarias que no corresponden. El protocolo se activa simplemente por una posibilidad, un pequeño riesgo. Se prende el SOS y se activa”, expresó.
Según explicó, el protocolo puede activarse ante una mínima señal de riesgo, aun cuando no exista una amenaza concreta.
“No hay investigaciones, simplemente una mención que ella misma reserva las fuentes y dice: no extiendan esto a la gente, porque sencillamente es la precaución que se instala”, indicó.
Rolón afirmó que la información recibida no tenía suficientes elementos para sostener una investigación formal.
“En la línea del Ministerio Público, la integridad significa ubicarse en el medio y evaluar la información sobre la base de evidencias. Esa información apenas era un rumor inicial que todavía no tenía la fuerza de servir para una investigación”, afirmó.
Una causa que vuelve a abrirse
La reapertura del caso quedó formalizada mediante la resolución 1295, firmada el 20 de abril de 2026 por el propio fiscal general.
El documento ordena iniciar una investigación penal tras la denuncia presentada por los senadores opositores Celeste Amarilla, Rafael Filizzola e Ignacio Iramain, patrocinados por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza.
Según la resolución, los hechos denunciados “podrían resultar punibles”, razón por la cual el Ministerio Público consideró pertinente avanzar en la investigación para esclarecer las circunstancias denunciadas.
La causa vuelve a poner bajo la lupa la supuesta utilización de documentos públicos falsos, un hecho que ya había provocado una imputación contra Rivas dos años atrás.
Al frente de la nueva investigación fue nuevamente designada la fiscala Patricia Sánchez Saldívar, quien ya había impulsado actuaciones anteriores contra el senador. La acompañará Luz Guerrero de Martínez, integrante de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Para la oposición, la reapertura representa un intento de corregir el impacto político y jurídico dejado por el reciente sobreseimiento. Para el oficialismo, en cambio, se trata de una nueva ofensiva política contra uno de sus representantes.
