09 ago. 2025

El sistema jubilatorio requiere respuestas estructurales

La Unión Nacional de Jubilados solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) establecer una mesa de trabajo para fijar un nuevo sistema de ajuste de sus haberes justificado en que el mecanismo actual basado en el índice de precios al consumidor (IPC) nominal no logra compensar el verdadero aumento de costo de vida. Esta demanda se suma a otras que requieren un profundo análisis y debate nacional sobre la situación del derecho a la seguridad social establecida en la Constitución y de su cumplimiento en Paraguay.

Los jubilados aseguran que solo entre los años 2019 y el 2023, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios fue del 45%, como mínimo. Es decir, un trabajador que se jubiló con G. 3 millones y tuvo un incremento acumulado por IPC del 23,6%, sufrió una disminución de G. 1.350.000 en el valor relativo de su jubilación. La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones se suma a otros problemas del sistema jubilatorio que afectan a su capacidad para garantizar el derecho y otorgar los beneficios de manera adecuada. El sistema tiene baja cobertura por un diseño que no se adapta al mercado laboral, altos niveles de evasión tanto por la falta de inscripción del trabajador como por una declaración de salarios menor al cobrado efectivamente, discontinuidad de los aportes por problemas de portabilidad, una mala administración de los fondos, entre otros problemas.

El sistema tampoco retribuye el esfuerzo de casi el 50% de las mujeres que dedican su vida al cuidado de los hijos e hijas para que el país tenga capacidad productiva y las abandona en la vejez, ya que ellas no cuentan con mecanismos de acceso a la seguridad social.

El último estudio actuarial realizado para los fondos jubilatorios del IPS señala que manteniendo constantes todos los parámetros –porcentaje de recursos destinados al fondo, el pago del décimo tercer haber jubilatorio, el piso mínimo jubilatorio de 75% del salario mínimo legal vigente y sin el aporte del Estado–, los ingresos se igualarían a los egresos en el año 2038 y a partir de dicho año, sería necesario el uso del fondo de reserva acumulado (sin rentabilidad) que duraría hasta el año 2048. Este escenario significa que quienes entren hoy a cotizar tienen escasas posibilidades de jubilarse.

El escenario que permite extender la duración de los fondos en el mayor plazo posible considerado por el estudio (2062) haría necesario un aumento del porcentaje de aportes y una rentabilidad del 2% del fondo de reservas. Dada la esperanza de vida en Paraguay, con este escenario optimista, un joven que se incorpore hoy a IPS tendría la posibilidad de cobrar jubilación, pero probablemente no alcanzarían a cubrirle durante toda su vejez.

Otros escenarios considerados para alargar la duración de los fondos consideran reducir los beneficios a 12 pagos anuales (y no 13), limitar el piso mínimo jubilatorio al 33%, entre otros cambios paramétricos. Cualquier escenario posible exige reformas para garantizar la continuidad del sistema del IPS.

Los discursos en Paraguay dan una alta valoración al trabajo desmeritando, incluso a programas de transferencias en efectivo o de alimentación escolar entregadas a los niños y niñas para que mejoren sus condiciones de aprendizaje. El rechazo a estos programas se realiza asumiendo que los padres deberían cubrir esos gastos con los frutos de su trabajo.

Sin embargo, la realidad nos dice que en Paraguay, el trabajo no se valora y la mejor señal de esto es la seguridad social. Una jubilación en el retiro es el derecho que tienen las personas por haber contribuido al crecimiento económico en el país. Este derecho en Paraguay es casi inexistente, ya que solo alrededor del 10% de las personas mayores cuenta con una jubilación.

Una parte de los trabajadores llega a aportar y no solo no cobra, sino que pierde esos fondos por problemas de diseño. La gran mayoría ni siquiera logran aportar y llegan a la vejez totalmente desprovista de recursos económicos para garantizar su autonomía. En este contexto demográfico en el que la sociedad paraguaya tiene cada vez menos hijos y se vive más años, el rápido envejecimiento nos obliga a discutir estos temas y resolverlos de manera estructural y no con parches.

Como se vio en los informes actuariales, los parches solo lograrán postergar unos años más la crisis final.

Más contenido de esta sección
Cada 1 de agosto el país revive el dolor, la rabia y la indignación al rememorar el día de la tragedia del Ycuá Bolaños, y el recuerdo de las 400 personas fallecidas, los más de 500 heridos y 6 desaparecidos. Un supermercado ubicado en un populoso barrio de Asunción, que un domingo en la mañana se presentaba colmado de clientes, familias enteras que recorrían sus pasillos, cuando se desató el infierno con una explosión. 21 años después los recuerdos siguen doliendo, lo mismo que reconocer que no aprendimos la lección.
En las últimas semanas se han compartido testimonios de madres de personas adictas relatando desgarradoras historias que describen con realismo la situación que genera el extendido consumo de drogas. Paraguay tiene una limitada infraestructura para la rehabilitación, pero no se debe reducir la problemática a una de las víctimas –los adictos–. En la cima del organigrama de esta nefasta cadena dominan los traficantes de las drogas, que explotan a niños y jóvenes con el consumo, pero también usándolos en el negocio.
Sin una verdadera Justicia, la corrupción pública en el Paraguay no solamente seguirá gozando de impunidad, sino que además va a extenderse como un incurable cáncer. Este es el grave riesgo que corre el país de continuar el actual esquema en el que el sistema de Justicia otorga un trato especial a autoridades que habían sido electas para administrar la cosa pública y que luego fueron condenadas por hechos de corrupción. Sin embargo, lejos de ser un ejemplo, estos terminan siendo beneficiados con medidas de privilegio.
Son muchos años de funcionamiento del esquema de estafas conocido como la mafia de los pagarés. En todo este tiempo, los delincuentes han dejando un verdadero reguero de víctimas, y estas ya no pueden seguir aguardando a que las instituciones les ofrezcan una solución, pues está en juego nada menos que su subsistencia. La denominada mafia de los pagarés no deja de causar daño a trabajadores que se ven perjudicados al tener embargados sus salarios o pensiones. La Justicia debe dar respuestas y soluciones.
La seguridad social constituye uno de los principales mecanismos para reducir la vulnerabilidad de las personas y las familias, combatir la pobreza y garantizar una vida digna en la vejez. En el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), además, facilita el acceso a servicios de salud en situaciones de enfermedad, sin necesidad de contar con recursos económicos adicionales en una etapa de la vida en la que la atención resulta fundamental para el bienestar.
Un reciente artículo nacional que analiza la evolución de la inflación y los ingresos laborales encontró una caída de estos últimos en términos reales. Esto significa una pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares. Dicho resultado resulta contradictorio si se consideran el alto nivel de crecimiento económico, incluso por encima de los promedios regionales, y los cambios en determinadas condiciones institucionales que hicieron que una de las agencias calificadoras otorgara a Paraguay el tan esperado “grado de inversión”.