Mientras se supone que el país muestra indicadores macroeconómicos y grados de inversión dignos de envidia, el Estado acumula una enorme deuda con sus proveedores que se agrega a la deuda pública contabilizada como tal y se suma al déficit presupuestario. Este problema constituye una falla estructural que compromete la credibilidad de las finanzas públicas en los reportes e indicadores y el desarrollo del país y el bienestar de las familias paraguayas teniendo en cuenta los efectos nocivos que se transmiten a la economía.
La demora en el pago a contratistas de obras públicas y a proveedores de insumos afecta al país por múltiples vías. De manera directa, estrangula a empresas locales, destruye empleos y limita el acceso a medicamentos y tratamientos médicos de la población, poniendo en riesgo la vida misma de las personas.
La construcción es uno de los sectores que más puestos de trabajo genera, y su retracción golpea principalmente a familias vulnerables que dependen de esos ingresos diarios.
De manera indirecta, la paralización de obras eleva los gastos de los hogares y los costos de los negocios que están en las zonas de construcción. Los retrasos en las terminaciones de las obras afectan gravemente al desempeño económico de los barrios y comunidades.
La deuda con proveedores se ha convertido en una práctica recurrente de la administración pública paraguaya, lo que refleja el desorden en el manejo de las contrataciones, los contratos y los flujos financieros. Mientras no se establezcan mecanismos que impidan la acumulación de nuevos atrasos, el ciclo se repetirá una y otra vez, aumentando los costos de las adquisiciones públicas por culpa de la incertidumbre y de los costos financieros que se derivan de los retrasos.
Por otro lado, también muestra la ausencia de mecanismos que garanticen una adecuada planificación de las prioridades. Mientras faltan recursos para financiar necesidades imperiosas de la población paraguaya como el aumento de la producción, la productividad y el acceso a servicios de salud, se adquieren implementos militares, incluso aviones, sin que se conozca una adecuada planificación ni resultados esperados para que la ciudadanía pueda valorar la urgencia y pertinencia de dichas compras y sus efectos directos en la economía y bienestar.
La resolución de esta crisis financiera exige, en definitiva, algo más que pagos parciales y promesas de regularización. Requiere un tratamiento riguroso de largo plazo que establezca reglas claras para la relación entre el sector público y sus proveedores. Las medidas deben garantizar previsibilidad, deben asumir que la mala gestión que tiene costos financieros que la morosidad estatal impone a las empresas –especialmente a las pequeñas y medianas, que no pueden acceder a líneas de crédito blandas– y que las consecuencias pueden ser irreversibles para un gran sector de la población.
El desafío de Paraguay no es solo mantener la estabilidad macroeconómica, sino traducir el crecimiento en beneficios concretos; más empleo formal, mayor inversión en salud y educación, y una estructura productiva más resiliente. El pago puntual a quienes construyen las rutas y proveen los medicamentos es un eslabón elemental de la cadena.
La deuda con proveedores no es un problema técnico ni un desajuste fiscal temporal. Es una falla institucional que erosiona la credibilidad del Estado, destruye empleo, paraliza obras esenciales y pone en riesgo la salud de la población. Su persistencia revela una incapacidad estructural para planificar financieramente y para priorizar el interés general por sobre la conveniencia de maquillar las cuentas fiscales.
Resolver la crisis y evitar que vuelva a pasar es una condición para el buen desempeño de las finanzas públicas no solo porque implica sanear una deuda y reactivar sectores claves de la economía, sino que es producto de la mala gestión pública que termina afectando a la eficiencia y la calidad del gasto.
El Gobierno prometió aumentar la calidad del gasto. Esta deuda no solo muestra que no está haciendo el esfuerzo suficiente, sino que está empeorando la situación al elevar los costos financieros de las adquisiciones públicas.
