La llegada de la pandemia del Covid-19 ha significado la explosión de muchas crisis, sobre todo en los países con débiles sistemas de salud y protección social, lo que ha impulsado un fuerte debate a nivel global sobre la arquitectura financiera internacional y los mecanismos de financiamiento con que cuenta para mitigar los efectos a corto plazo, pero también la recuperación a mediano y largo plazo.
Así, el mundo está discutiendo el tratamiento de las deudas externas, el freno a la evasión y elusión de impuestos, el aumento de impuestos a las grandes corporaciones, impuestos a la riqueza y la liberación temporal de patentes de vacunas, entre otros temas que afectan a los países como parte de un mundo globalizado.
Entre estas medidas se encuentra la emisión de Derechos Especiales de Giro por parte del Fondo Monetario Internacional.
Los derechos especiales de giro son un activo de reserva internacional, que puede funcionar en cualquier país y se cuenta dentro de las reservas internacionales de cada país. Estos pueden ser cambiados por monedas de libre uso como el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen y la libra esterlina. No constituyen una deuda para los países que solicitan ni tienen condicionalidades de uso.
La decisión sobre la emisión está casi acordada en el ámbito del Fondo Monetario Internacional, por lo que se estima que Paraguay estaría recibiendo alrededor de 270 millones de dólares este año.
Esta posibilidad ya viene siendo manejada por el Ministerio de Hacienda, por lo que la semana pasada anunció la presentación al Parlamento de un proyecto de ley de “Medidas de Consolidación Económica y de Contención Social” por USD 365 millones.
Los tres ejes prioritarios son asegurar recursos para salud, garantizar los programas sociales y apoyar al sector empresarial, focalizando en las mipymes. Este plan se financiará con DEG y el monto faltante será cubierto con endeudamiento y reasignaciones presupuestarias.
Dado el nivel de angustia y sufrimiento que pasan las familias por la enfermedad y la muerte de sus miembros, profundizado por la necesidad de usar sus recursos propios para pagar servicios de salud, y el rol que tiene la crisis sanitaria en la imposibilidad de recuperación económica de los hogares, trabajadores y mipymes, es de esperar que gran parte de los recursos derivados de los DEG se destinen a fortalecer los servicios de salud.
Si bien las autoridades fiscales no entregaron más información al respecto, el hecho de haber incluido a la salud en la primera propuesta de uso de los DEG constituye un paso positivo.
Si esto es así, esperemos que el Parlamento no termine dilapidando esos fondos distribuyendo los mismos en programas de dudosa efectividad y transparencia.
No hay nada que justifique más en este momento que la inversión en salud. Es totalmente inaceptable que un país rico como el nuestro esté ubicado entre los países de mayor contagio y mortalidad. Ya pagamos caro el abandono al sistema de salud. Es el momento de destinar recursos que permitan fortalecer el sistema.
