Y no solo por los más de 60.000 jubilados, sino que también por los más de 230.000 funcionarios en actividad que tienen la expectativa de algún día retirarse de la función pública.
Los números no mienten y son contundentes.
La previsional pública viene arrastrando desde hace años sucesivos déficits que ponen en riesgo su sostenibilidad ni siquiera a mediano y corto plazo, sino al cortísimo plazo. Las estadísticas dan cuenta que la entidad vio reducidas sus reservas casi en un 50% en los últimos cuatro años.
El panorama, para peor, es para nada alentador.
Las proyecciones dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda, en medio del debate sobre la equiparación de las jubilaciones en la Cámara Senadores, indican que a este ritmo la Caja se quedará sin dinero en 2026, es decir, en solo 4 años más.
El agotamiento podría darse incluso en 2 años si prospera la conocida como Ley Arévalo, que equipara los haberes jubilatorios con los salarios activos.
Esta situación no es otra cosa que el resultado de la politización del sistema jubilatorio. Cuando allá por el 2003 se hizo la reforma de la Caja Fiscal, la idea era darle sostenibilidad mediante un sistema unificado para 6 sectores. La regla debía ser igual para todos, mismo aporte, mismo retiro, mismas condiciones de retiro.
Empero, con el correr de los años, salieron desde el Congreso y fueron promulgadas por el Ejecutivo sucesivas leyes que crearon una alta y peligrosa fragmentación del sistema. En la actualidad, existen 12, sí, 12 regímenes diferentes dentro de la Caja que responden a 16 sectores, también diferentes.
Esta politización, además de crear una enorme inequidad entre sectores, terminó por destruir los pilares de la reforma. A modo de ejemplo podemos ver que los militares y los policías pueden jubilarse tras haber aportado solo entre 10 y 15 años, sin una edad mínima y con su haber equiparado al sueldo de los uniformados en actividad. Un funcionario de la Administración Pública, sin embargo, deberá esperar mínimamente hasta los 62 años, haber aportado 20 años y recibirá el 47% de su sueldo promediado de los últimos 5 años. Un zorro de la Patrulla Caminera, por su parte, puede recibir el 55% del sueldo del funcionario en actividad aportando solo 15 años y tampoco le es exigible una edad mínima de retiro.
Con el fin de evitar ese colapso en 2024 o 2026, el Ministerio de Hacienda propuso subir los aportes de los sectores deficitarios (policías, militares y docentes) del 16% al 20%, y fijar una edad mínima de retiro de 55 años para los maestros. El planteamiento de la cartera que lidera el Equipo Económico es oportuno dada la coyuntura, pero evidentemente es insuficiente, y sobre eso último hay que insistir.
El Gobierno desde que asumió, y lo confirmó en pandemia, tuvo como una de sus promesas instalar una reforma del sistema jubilatorio público, con una unificación paramétrica y una nueva regulación que le garanticen sostenibilidad, y al mismo tiempo, equidad. Sin embargo, hasta ahora esto no ha pasado de ser solo una idea, y una reforma de esta clase no puede esperar ya por “los tiempos políticos adecuados”, porque hablamos de algo tan sensible y básico como el derecho a una jubilación digna.
A la administración de Mario Abdo Benítez le queda poco más de un año para concluir su mandato. A este Gobierno le tocaron batallas económicas muy duras que evidenciaron los déficits estructurales que soporta todo un sistema fragmentado por la clase política y los poderes fácticos. Uno de ellos es el régimen de jubilación pública, ya en alerta roja desde hace años. El momento es ahora.
