“Nos pareció llamativo que la dirigencia sindical esté en contra de las reformas que proponemos para el mundo del trabajo cuando la situación económica es crítica”, afirmó en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, quien reivindicó la necesidad de modernizar la normativa laboral.
El jueves, la CGT resolvió hacer una huelga general y una concentración frente al Congreso de la Nación el próximo 24 de enero, un día antes de la fecha en la que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el polémico paquete de reformas.
La central sindical, de raigambre peronista y que no lanzaba una medida de este tipo desde el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), ya se había movilizado el miércoles para protestar contra un decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, un instrumento que entró en vigencia este viernes.
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El vocero presidencial llamó la atención sobre el hecho de que la CGT no hubiera convocado huelga alguna durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) cuando, en su opinión, esa Administración dejó a los trabajadores con “malos salarios” y en buena parte en la informalidad.
“No hay precedente de haber llamado a un paro general de una manera tan rápida desde la asunción de un nuevo Gobierno, cuando la herencia que ha recibido este Gobierno es absolutamente brutal”, enfatizó el portavoz.
Al decreto presidencial se sumó el pasado miércoles el envío al Parlamento por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley en virtud del que se declara una emergencia pública en Argentina hasta finales de 2025 -prorrogable por otros dos años-, período durante el cual se delegan al presidente amplias facultades legislativas en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras, una flexibilización laboral y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas y tomar deuda pública.
Además, entre sus 664 artículos, la iniciativa incluye uno que aprueba en su totalidad el decreto del pasado 20 de diciembre.
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Este viernes, el gobernador de la norteña provincia argentina de La Rioja, Ricardo Quintela, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el decreto y disponga la suspensión total de sus efectos.
Al respecto, Adorni aseveró que el decreto es “legal, constitucional y está enfocado íntegramente en la suma de libertades” por lo que “no hay ninguna razón para que judicialmente se declare inconstitucional”.
Fuente: EFE.
