El ex presidente del club Resistencia Roberto Damián Garcete Rodríguez tiene desde ayer prisión preventiva, supuestamente por formar parte del esquema de usura del condenado empresario Ramón González Daher.
El juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás admitió el pedido de la Fiscalía y le aplicó la prisión preventiva al encausado.
Garcete está imputado por los supuestos delitos de usura, lavado de dinero, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
El mismo fue investigado porque el Tribunal de Sentencia que condenó a RGD remitió sus antecedentes, junto con el de otras personas, a raíz de las declaraciones de las víctimas de la usura.
En la audiencia, su defensor, Christian Tuma, solicitó las medidas alternativas a la prisión, ya que no existía peligro de fuga, porque tenía arraigo, una familia, a más de ser el asiento de sus negocios. Además, que tampoco había peligro de obstrucción de las pesquisas.
El abogado remarcó que el mismo era actualmente vicepresidente del Club Resistencia y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Por su parte, la fiscala Belinda Bobadilla se ratificó en el pedido de prisión que había hecho su colega Luis Said, en su imputación del pasado 30 de julio por los citados hechos punibles.
Refirió que, preliminarmente, Roberto Garcete junto con sus hijos habían hecho un acto simulado de compra de un inmueble de Miguel Eladio Britos, por el monto de G. 1.500.000.000, pero que la misma en realidad se trató de una garantía de cobro de un préstamo al mismo, y que el deudor tenía dificultades para abonar.
Además, la fiscala apuntó que no existen documentos que acrediten que hubo desembolso de dinero para la compraventa del inmueble. Incluso, las entidades bancarias no reflejan el movimiento de ese dinero.
La fiscala también explicó que tras dos meses de la imputación, donde el fiscal dispuso su detención, Garcete no se presentó ni a la Fiscalía ni al Juzgado. Con ello, pidió la prisión preventiva.
El magistrado estudió el pedido de la fiscala Bobadilla. Refirió que no se pudo desvirtuar el peligro de fuga ni de obstrucción de las investigaciones, por lo que correspondía decretar la prisión preventiva del encausado.
Con ello, dispuso que el mismo guardara reclusión en un penal dependiente de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
Los deudores fueron intimados
Según la imputación, Miguel Britos tenía una deuda que no podía pagar, por lo que recibió un préstamo de Roberto Garcete a través de su empresa. Como era directivo de Resistencia, podría pagar cuando tuviera, pero debía firmar un documento que resultó ser una escritura de compraventa, que luego fue modificada por el monto de G. 1.500 millones. Después, Garcete citó a Britos a una reunión y era en la oficina de Ramón González Daher, que les intimó a que pagaran el préstamo en un plazo de 30 días.
