El caso inicia luego de que el ciudadano Alcides Natividad Núñez Albera recurra a la Justicia con un amparo, a través de su abogado Rudy Núñez. Lo que exigía era poder acceder a las documentaciones sobre la venta de un inmueble municipal con cuenta corriente catastral 27-7898-01, que se le concedió por compra directa al Club Natividad Núñez Pérez.
Lo llamativo de este negocio, es que existen dos Resoluciones N° 448/2023 iguales en su contenido pero con montos diferentes. Una tiene el valor de venta en G. 146.400.000, mientras que en la otra se establece G. 46.400.000, con una sospechosa diferencia de G. 100 millones.
La sentencia
No hubo respuestas claras de parte de la Municipalidad de Luque, por lo que el juez de Garantías N° 2 de Capiatá, Juan Oviedo, sacó una sentencia el 20 de enero de 2026, ordenando a la Comuna a que un plazo de 15 días entregue todo el legajo, “lo cual el intendente municipal no habría cumplido”, sostuvo la fiscala Laura Ramírez.
Por esto, Carlos Echeverría fue imputado por desacato de orden judicial.
¿Qué documentos debía incluir? Las copias autenticadas de ambas resoluciones de la venta y la explicación del motivo del por qué hay dos documentos similares.
También, las facturas legales, los comprobantes de ingresos, los registros contables y “todo el legajo que respalda de la transacción”.
Exigió el juez la copia de la resolución del 30 de junio del 2023, que autorizó el pago fraccionado y, por último, las actas y videos de las sesiones de la Junta Municipal y la Comisión de Hacienda donde se trató la adjudicación.
La Municipalidad fue notificada, pero se ignoraron los avisos, sospecha la fiscala, por lo que el juez terminó reitiendo a la Fiscalía los antecedentes del caso en abril de este año.
Medidas
La representante del Ministerio Público, junto con la imputación, pidió al Juzgado que se aplique ciertas medidas al intendente, como la obligación de comparecer de manera mensual obligatoria ante el Juzgado, la prohibición de salir del país y que se imponga una fianza real idónea.
La fiscala también pidió seis meses de tiempo para investigar el hecho.
