La titular de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, afirmó que el Estado no tiene la obligación legal de cubrir los déficits de las cajas jubilatorias del país, pese a los antecedentes que muchas veces generan confusión sobre el rol del Fisco en situaciones críticas.
A la consulta de si entrar en déficit cualquiera de estas cajas, se tiene que pagar con dinero de los contribuyentes, la respuesta de Figueredo fue: “No, porque son autónomas y autárquicas, por eso que es importante que se pueda hacer un seguimiento adecuado de esos recursos, de cómo se manejan”, aclaró en comunicación con Monumental 1080 AM.
Figueredo explicó que esto implica que administran sus propios recursos y son responsables de su sostenibilidad. “Por eso, es importante que se haga un seguimiento adecuado de esos recursos y de cómo se manejan”, enfatizó.
La superintendenta recordó que el caso de la caja bancaria, ocurrido hace más de una década, generó la percepción errónea de que el Estado está obligado a cubrir los déficits de todas las cajas.
Según la funcionaria, dicha crisis fue considerada un hecho excepcional, originada por el cierre repentino de la mitad de las entidades aportantes. Relató que, en consecuencia, el Congreso aprobó una ley que recortó hasta el 50% las jubilaciones y haberes.
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“Básicamente, los jubilados no percibían nada, porque recuerden que los jubilados bancarios, los bancarios en general, tienen su caja bancaria de préstamos, en donde la mitad de sus ingresos va al pago de sus préstamos y con la otra mitad viven. Bueno, y en esa oportunidad, la mitad iba al pago de sus préstamos, con la otra mitad (que) se les recortó por ley”, recordó.
Recién cinco años después, una ley permitió que el entonces Ministerio de Hacienda cubriera parcialmente la devolución de aportes. Posteriormente, otra norma estableció que la propia Caja debía continuar con la devolución restante.
“En esa oportunidad, el Estado contribuyó solo con una parte, pero fueron los jubilados los que asumieron el mayor impacto, con recortes de hasta el 50%”, subrayó Figueredo.
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Para reforzar que hoy el Estado no tiene obligación de cubrir déficits, Figueredo mencionó el ejemplo de la Caja Municipal, que arrastra un desfasaje de entre G. 10.000 y 15.000 millones para ponerse al día con pagos jubilatorios.
“El Estado no le ha puesto ningún peso”, afirmó, enfatizando que no existe ningún mandato legal que obligue al Tesoro a cubrir estos déficits.
La superintendenta insistió en que la sostenibilidad de las cajas depende de una correcta administración interna y de un control continuo. Y que cada caja es responsable de garantizar el pago a sus jubilados y activos, sin trasladar automáticamente el riesgo al Estado o a los contribuyentes.
Cabe recordar que solo en el 2025 la Caja Municipal acumuló una deuda de G. 26.538.311.774, en tanto que la Municipalidad de la capital del país pagó G. 16.500 millones para saldar los cinco meses de deuda con jubilados municipales, mediante fondos del último préstamo aprobado y recursos de la recaudación.
Entretanto, otra de las cajas deficitarias es la del sector público, cuyo saldo negativo del 2025 fue de a USD 379.363.459, cubierto con excedentes del sector de los funcionarios públicos y con impuestos de los contribuyentes. Actualmente, se encuentra el debate de una propuesta de reforma presentada por el Poder Ejecutivo.
