Lamentablemente, el 2024 fue un año en el que la violencia contra las mujeres ha estado presente de forma sistemática en los medios de comunicación. Hubo promesas de las autoridades y algunas acciones emprendidas, pero no ha sido suficiente para erradicar de nuestra sociedad el abuso sexual de niñas y niños, la violencia familiar y el feminicidio. Definitivamente, hemos avanzado en cuanto a leyes y compromisos. El problema más grave; sin embargo, no está resuelto y es la escasa capacidad de las instituciones para prevenir estos crímenes.
Precisamente en estos momentos una mujer se encuentra luchando por su vida después de haber recibido más de 30 puñaladas en un intento de feminicidio ocurrido en San José de los Arroyos. La mujer ya había denunciado a su pareja el 23 de diciembre, pero el sujeto seguía libre. Recién ahora, las autoridades están buscando al agresor.
Otro caso que muestra nuestra incompetencia institucional tiene en el centro a una mujer víctima de violencia intrafamiliar, quien se ha enterado a través de los medios de comunicación que su agresor es el primer beneficiado con el arresto domiciliario con el uso de la tobillera electrónica. Ella no fue informada sobre la medida de arresto domiciliario con la tobillera.
En una entrevista con Radio Monumental 1080 AM hizo una perfecta descripción de las consecuencias del mal funcionamiento de las instituciones del Estado que deberían proteger a las víctimas. “Me arrepiento tanto de luchar por justicia para que termine así. Esto va a quedar impune y va a tomar represalias contra mí, mis familiares y mis tres hijos pequeños”, afirmó.
La víctima sufrió maltratos por 13 años, con salvajes golpizas, amenazas y otros hechos violentos, hasta que decidió hacer la denuncia. El más reciente incidente se dio el pasado 11 de diciembre cuando su victimario la golpeó durante horas, y todo quedó registrado en el teléfono celular de la mujer que “activó la grabadora”. Luego hizo la denuncia, el hombre salió de la casa, y un Juzgado de Paz le impuso una medida de restricción. Ahora la mujer teme por su vida por las amenazas que recibió.
Los datos estadísticos sobre violencia son alarmantes. En los últimos diez años, la violencia familiar ocupa los primeros lugares entre las causas ingresadas en las distintas oficinas estatales del país, y además se registra un aumento sostenido año tras año, pero como se puede leer en el Informe Anual de Derechos Humanos 2024 el crecimiento de las denuncias no supone que haya más violencia familiar, “sino a factores de cambios legales, la difusión de que la violencia hacia las mujeres es un asunto de la esfera pública (ya no es solo un problema privado, familiar) y especialmente las luchas feministas y de mujeres, que han logrado que más mujeres conozcan sus derechos, se animen a denunciar si están afectadas por la violencia e incluso decidan romper vínculos con la persona agresora”.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, durante el 2024 la violencia familiar ha sido el principal hecho punible denunciado en el 2024; con 37.926 casos abiertos en la Fiscalía (104 casos por día), donde también se suman otros hechos como coacción sexual, acoso sexual, estupro, maltrato físico y amenaza. Según el reporte, hubo 54 tentativas de feminicidios y 31 feminicidios.
Queda mucho por hacer para evitar más violencia contra mujeres y niñas, y el primer paso es el reconocimiento de que se necesitan emprender cambios desde la cultura y la educación, ya que solo las leyes no bastan. Como calificaba el papa Francisco a la violencia “hierba venenosa que afecta a nuestra sociedad y que debe ser eliminada”, e instaba a “educar en el respeto y el cuidado” y “formar hombres capaces de relaciones sanas”.
El Estado paraguayo debe garantizar una vida sin violencia a todos sus ciudadanos, y hacer posible que ninguna mujer deba vivir con miedo, asegurar su derecho al bienestar, seguridad y felicidad.
