Se trata de una institución “del régimen penitenciario, dependiente del Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Política Criminal y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, que se encarga de la guarda, custodia y seguridad de las personas privadas de libertad por condena firme o de forma preventiva como medida impuesta en el marco de un proceso determinado”, según define el decreto presidencial.
El proyecto sancionado regula aspectos que el Ejecutivo quiere abordar en el Segepe, como su organización, sus funciones y atribuciones y su estructura orgánica, sus derechos, deberes y prohibiciones, las garantías de las que gozan en el desempeño de sus funciones, el uso de armas.
Igualmente, en el decreto se señala que el Gobierno reconoce que es necesaria una reforma del sistema penitenciario nacional, para garantizar que los agentes penitenciarios cuenten con la capacitación y los recursos requeridos para enfrentar los grandes desafíos que entrañan su labor diaria.
“Es imperativo e imprescindible que la misma cuente con un marco jurídico que no solo sea claro y consistente, sino que además asegure el cumplimiento sostenible y conducente de los propósitos que lo motivaron”, apunta.
Del mismo modo, cuestiona que el proyecto no cumple con estos requerimientos, carece de parámetros de idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos y la viabilidad de la implementación.
