Una característica que comparten varios países de América Latina es la carencia de instituciones sólidas. Este es un hecho que nos lo recordó recientemente Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia, en una entrevista concedida a Última Hora. Sostuvo que sin independencia entre los poderes, y sin justicia para todos, no hay democracia; por esto, debemos recuperar en la región la independencia del Poder Judicial.
En nuestro país es bien sabido que tenemos una Justicia parcialista y selectiva. Uno de los casos más polémicos es el del clan González Daher. Cuando el ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de cárcel por usura y lavado de dinero y por el delito de denuncia falsa, y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión por lavado de dinero, el fallo fue considerado histórico. Pese a la contundencia, ya que durante el juicio oral se comprobó que el prestamista amasó una fortuna de más de G. 6,5 billones mediante un esquema de corrupción y hostigamiento a sus víctimas y que contaba con la ayuda de la Justicia, con la complicidad de jueces y fiscales, la condena tardó en cumplirse debido a las chicanas judiciales.
Otro caso es el del diputado colorado Tomás Rivas. Un tribunal de sentencia decidió extinguir esta causa por supuesta estafa, en el caso conocido como caseros de oro. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, realizada a partir de una publicación periodística de Última Hora, tres empleados particulares del diputado, que atendían sus negocios y casas, cobraban salarios de la Cámara de Diputados.
La lentitud de la Justicia y la burocracia son las herramientas utilizadas para perjudicar al ciudadano común que demanda justicia y estas también son utilizadas para el beneficio de funcionarios sospechados de corrupción pública. Pareciera que el obispo salvadoreño Arnulfo Romero, venerado por la Iglesia como santo, pensara en nuestro país cuando decía que la Justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos.
Al mismo tiempo conviene recordar un comunicado de la Coordinadora de Abogados del Paraguay que, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, llamó la atención sobre la falta de una política institucional para erradicar la impunidad. En un extenso documento, expusieron casos que corren el peligro de quedar en el olvido, y por esto, sin justicia. Algunos de estos involucran procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes y hasta parlamentarios. La denuncia aportaba un significativo dato: estos casos impunes representaban el desfalco aproximado de 9 billones de guaraníes (más de USD 1.300 millones) a las arcas del Estado.
El académico Carlos Aníbal Peris, en una investigación sobre el narcotráfico, había llamado la atención sobre la eventual irrupción en el Congreso Nacional, de personas ligadas al narcotráfico, como una lógica consecuencia del escaso control en las campañas políticas y su financiación. El sociólogo advertía que, sin una clara política antidroga y mayor control en la financiación electoral, el narcotráfico se seguirá expandiendo en el Paraguay.
Esta es una situación crítica, ya que resulta evidente el riesgo de copamiento de una institución, que es uno de los poderes del Estado, por parte del crimen organizado. Este hecho no solo podría incidir en la calidad de la representación política, sino además y fundamentalmente en la calidad de la democracia.
Es la otra gran tarea: combatir el dinero sucio de las organizaciones criminales que ingresa en las campañas políticas, para evitar que estas saquen provecho de las debilidades institucionales del Estado. Y todo esto va de la mano del desafío de construir una justicia que ya no permita la impunidad y que sea igual para todos.