El aparente desvío de los bonos municipales registrado en la administración del ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez se sigue reflejando en el abandono de sitios de importancia para la ciudadanía como también en los accidentes que se registraron recientemente en el barrio San Pablo.
Además, existen obras que ni siquiera arrancaron en la zona que debía intervenirse, como es el caso del barrio Las Mercedes. En el cruce de General Santos y San Antonio no hay nada más que un cartel que indica que la obra de desagüe que debía realizarse in situ cuesta G. 42.305.412.809. La obra debe ser encarada por Teco SRL y el plazo de ejecución debía ser de 270 días calendario. Pronto se cumplirá un año desde la palada inicial simbólica que se dio el 20 de marzo de 2025.
En el lugar, los vecinos temen que cada lluvia que caiga con intensidad sea motivo suficiente para que los muros se vean rebasados y las casas terminen inundadas. Recordemos que el 19 de marzo de 2014, una turista brasileña falleció luego de ser arrastrada por un raudal mientras se hallaba cruzando el área, detrás de la Comisaría 9ª.
La cara del mal uso de fondos que habría operado Nenecho también se presenta en los barrios Santo Domingo y San Pablo. En el primer caso, los vecinos reportan avances lentos y nulos, y además la dificultad de transitar por la zona. “No avanza, viernes no hubo, ayer (sábado) tampoco estuvieron (los obreros). No avanza nada, estamos igual”, indicó una de las pobladoras en contacto con Última Hora. Otro vecino aseguró que “como siempre, (todo) va muy lento”.
En el segundo caso, en San Pablo, los vecinos inclusive aseguran que las obras de desagüe están “paradas” desde hace dos meses. Esta obra corresponde a la cuenca del arroyo Lambaré, lote 2 de la obra que debía pagarse con el bono G8, emitido en noviembre de 2022 por G. 360.000 millones.
La Comuna mantiene deudas con las empresas encargadas de las obras, en este caso aglutinadas en el Consorcio CCC - Tecsul, según el informe de la intervención por la que atravesó la Municipalidad entre junio y agosto de 2025.
INVESTIGACIÓN. El 12 de julio de 2024, la Fiscalía realizó un allanamiento en la Municipalidad de Asunción, en busca de los documentos referidos al manejo irregular del dinero que debía usarse para las obras de desagüe. Esto ocurrió luego de que se detectara un aparente desvío de más de G. 500.000 millones del dinero del bono G8. Un equipo, encabezado por los fiscales Marlene González y Jorge Arce, se responsabilizó de investigar este caso.
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre la utilización del dinero y apuntó que el uso de la Cuenta Única, con la que Nenecho se arropó para defender el señalado desvío, no es aplicable a las municipalidades. Del mismo modo, la intervención a cargo del economista Carlos Pereira resaltó que el uso que le habría dado Nenecho a dicha herramienta financiera fue ilegal y que quienes permitieron que se dilapidara el dinero de los bonos (en salarios y otros gastos irregulares) deben enfrentar responsabilidades legales.
¿Más desvíos? El escenario de abandono se extiende a otros sitios de vital importancia, como la Estación de Buses de Asunción, el Mercado 4 y el mirador de Itá Pytã Punta. Todos estos lugares debían intervenirse con el dinero del bono G7, emitido en febrero de 2021 por G. 200.000 millones. Este dinero, junto con el que corresponde al bono G6 (emitido en 2020 por G. 100.000 millones), se considera “desaparecido” porque no se ve individualizado en los últimos balances municipales.
Este presunto desvío está siendo investigado actualmente por un equipo encabezado por el fiscal Luis Piñánez.
En una entrevista con Última Hora, el profesional indicó que para la Fiscalía también es importante considerar los efectos de las decisiones de la Administración municipal en la calidad de vida de los vecinos de Asunción.
Piñánez considera que el asunto es parte clave para que cualquier tipo de acusación se sostenga: “Es importante esta conversación. ¿Qué impacto tiene en la gente? ¿Qué produce esto? Ese elemento después nosotros debemos llevar (a un tribunal), (...). Justamente, estamos en una etapa de averiguación”, aseguró, aludiendo a la información que se solicitó a la Municipalidad y que ya se remitió a la Fiscalía.
Piñánez detalló que se pidió una importante cantidad de documentos, tales como informes sobre las obras comprometidas con bonos y los extractos y movimientos de cuentas bancarias en que se depositaron el dinero.
512.000
millones de guaraníes (que incluían bono G8) se desviaron en pago de salarios y compras a firmas fantasmas.
