Lamentó el bajo nivel de persecución penal por parte del Ministerio Público en lo que se refiere a daños patrimoniales, declaraciones falsas y enriquecimiento ilícito.
“Me da la sensación, son muy pocas las imputaciones por parte del Ministerio Público. De las 92 entidades denunciadas, no creo que se llegue a 10 con persecución penal. Hay una enorme falta de efectividad de la Fiscalía en lo que refiere a la Contraloría”, expuso.
Benítez señaló que en parte, esta falta de efectividad de la Fiscalía se debe a que los fiscales vuelven a verificar el trabajo que ya fue realizado por la Contraloría.
“Este es un trabajo supertécnico con auditores de primer nivel, que en cualquier país del mundo es una prueba irrefutable para un proceso. Esto también se da en los casos de enriquecimiento y declaración falsa. Ellos tienen criterios diferentes. A veces hacen una persecución legal y en otros miles de caos no”, refirió.
controles. El contralor general de la República también enfatizó en la necesidad de modificar el sistema de control implementado en el país apostando a la tecnología.
“Este sistema, que es muy tradicional, es una práctica que debe ser complementada con otro sistema preventivo. Me da la sensación de que llegamos tarde ya, solo para castigar. En otros países se hacen controles preventivos que detectan alarmas de riesgo antes de que se ejecute el presupuesto”, explicó.
La Contraloría General de la República fue convocada por el Congreso para explicar sobre las auditorías presupuestarias realizadas en las diferentes instituciones del Estado.
El contralor detalló que el promedio de daño patrimonial contra el Estado por año, que es detectado mediante las auditorías de la institución, es de unos G. 50.000 millones, durante la última década.
Sostuvo que ese promedio anual se incrementó durante los últimos 4 años y, en lo que va de su gestión como contralor, suma G. 628.000 millones el daño patrimonial expuesto mediante auditorías.
corte suprema. El contralor también es un gran crítico de los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de las acciones de inconstitucionalidad que promueven las instituciones del Estado contra la Ley 2248/03, a fin de que no puedan ser controladas por la Contraloría General de la República (CGR).
El último caso se dio con la defensora general, Lorena Segovia, quien logró este año que la Sala Constitucional de la CSJ dé trámite a la acción de inconstitucionalidad que planteó para que la Contraloría no tenga competencia para auditar los fondos del Ministerio de la Defensa Pública.
Tras este caso, Benítez cuestionó en un escrito que los representantes de entidades promuevan dichas acciones debido a que consideran que el simple cuestionamiento a la ley impugnada presume una actitud contraria a la transparencia, y recalca que no constituye ningún agravio el ser auditado por un organismo público.
“La enorme cantidad de acciones de inconstitucionalidad planteadas genera confusión en la ciudadanía y habilita un subterfugio jurisprudencial que permite, al final de cuentas, tentar una escapatoria a los controles de la CGR”, dijo.
De las auditorías, hay algunas que se remiten a la Dirección de Auditoría Forense que evalúa si hay posibles causales penales.
Si se viola alguna norma penal, esto se remite a la Fiscalía... Son muy pocas las imputaciones del Ministerio Público.
De 92 entidades denunciadas, no creo que se llegue a 10 con persecución penal. Hay gran falta de efectividad de la Fiscalía.
Ellos tienen criterios diferentes. A veces hacen una persecución legal y en otros miles de casos no.
Camilo Benítez,
contralor general.
