La ex ministra de la Función Pública, Lilian Soto, sostiene que ese planteamiento fue utilizado como un mantra desde el 2012 para continuar la política prebendaria y clientelar de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y otros partidos. “No solo se excluye al Poder Judicial y al Poder Legislativo, también a municipalidades, Justicia Electoral, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Fiscalía General, universidades nacionales, Contraloría, Banca Central del Estado. Todas ellas instituciones con alto grado de prebendarismo”, advirtió.
Soto indica que desde que la Función Pública fue absorbida por el Ministerio de Economía, el oficialismo demostró que no tiene interés en jerarquizar la función pública para que cumpla con su rol clave, de ejecutar las políticas públicas. “Aunque están los instrumentos técnicos en esta ley, que ya se estaban construyendo al amparo de la Ley 1626, si no hay ente rector no dependiente de las políticas económicas y con suficiente poder para contemplar todos los aspectos de la profesionalización, la supuesta reforma es una falsedad y esta ley es parte del operativo de instalar mentiras que ocultan el desinterés de acabar con la idea de que el funcionariado es funcionario de los partidos en el poder y no del Estado”, dijo.
La ex ministra señala que los funcionarios que ingresan son parte de una construcción de una red de leales. “Los contratos temporales de personas para desempeñar funciones que son permanentes se usan como mecanismos de control de quienes ingresan al sector público por ‘favores’ de políticos que construyen de esta forma sus equipos de leales. Si no son serviles a quienes les consiguieron sus contratos, se los desecha. Este es un mecanismo central de construcción de los séquitos”, resaltó.
Soto sostiene que la supervivencia de la ANR se basa en la prebenda, en la utilización del funcionariado público y el abuso de poder. “Desde la sociedad podemos contrarrestar esto apostando al cambio de la cultura política de modo que deje de verse como normal el uso antiético del poder, y trabajar para que la corrupción que implica el empleo público prebendario no sea aspiracional para la juventud”, concluyó.
