Casi la totalidad de los candidatos a la Defensoría del Pueblo se encuentran en el padrón de la ANR y son funcionarios públicos. Entre los casos más llamativos se encuentran la adjunta actual que incumple la ley, un candidato a concejal y una ex jueza destituida por rabonera.
Tras el cierre de la convocatoria para el periodo 2026-2031 en la Defensoría del Pueblo se abre el periodo de escrutinio de las 67 candidaturas. El Senado es el espacio donde se deben elegir las ternas, mientras que la Cámara de Diputados es la encargada de designar al titular y adjunto.
El 89,55% de los candidatos o 9 de cada 10 tienen en común su afiliación a la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado, y todos los defensores del Pueblo fueron de origen colorado hasta ahora.
Además, en su mayoría, los citados candidatos también son funcionarios públicos. El Ministerio de Defensa Pública, Poder Judicial, municipios y la Defensoría del Pueblo son las instituciones más nombradas en los currículos presentados.
Violación. Si bien es natural que las autoridades actuales busquen su ratificación en el cargo como el caso del defensor Rafael Ávila Macke y la adjunta, Natalia Sosa.
Lo llamativo es la ilegalidad con la que esta última se desempeña, teniendo en cuenta que figura en el padrón colorado, cuando la Ley N° 631 obliga a suspender el estatus partidario.
Otro candidato es Walter Agustín Olmedo, concejal de José Falcón, quien también busca su reelección en la Comuna. Esto quiere decir que está dispuesto a renunciar a los beneficios que tendría como autoridad local, así como a su afiliación de forma temporal, si llega a ser elegido en la Defensoría del Pueblo.
Otra llamativa candidata es Claudia Jessica Mosqueira Céspedes, quien se desempeñaba como jueza Penal de Garantías de la ciudad de Villarrica hasta diciembre de 2023, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió removerla por incumplir su horario laboral. La abogada no figura en los padrones de la ANR ni del PLRA.
Criterio. Legisladores de la oposición, como Raúl Benítez, Eduardo Nakayama y Rafael Filizzola, coinciden en que las afiliaciones masivas responden a viejas prácticas que datan del stronismo.
La intención es mantener o acceder a cargos públicos, pero además sería el resultado de una presión del partido de Gobierno, especialmente del movimiento oficialista.
Influencia. Dos postulantes declararon en sus documentos que trabajan en la Municipalidad de Villa Hayes, feudo del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez. Francisco Recalde es jefe de sección de Patrimonios, en tanto que Ricardo Balbuena mencionó que es asesor externo.
A su vez, Óscar Delvalle menciona en su currículum que se desempeña como secretario y asesor de la diputada cartista Jazmín Narváez, mientras que Fulvio Llano tiene entre sus referencias a la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, y al ex procurador de la República Marco Aurelio González, quien actualmente ejerce como miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay.
Oposición. Solo dos postulantes están en las filas del Partido Liberal Radical Auténtico: Miguel Ángel Stampf, director de la Policía Municipal de Vigilancia de Asunción, y Olga Paredes, miembro del Directorio del PLRA.
El cruzamiento de datos arrojó además que algunos candidatos también se habían anotado para la Contraloría General de la República (CGR) como Ariel Gallardo, Rolando Martínez, Miguel Stampf y Jorge Miguel Ayala.
En la lista también está Eusebio Villanueva, abogado del pueblo indígena Guaná de la comunidad Río Apa, del Departamento de Concepción. Es un defensor de derechos humanos, reconocido por visibilizar las problemáticas territoriales y sociales del sector. Se encuentra igualmente entre los 60 postulantes colorados.
Para el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Dante Leguizamón, ninguna gestión cumplió hasta el momento las demandas de la ciudadanía.
Durante el proceso de selección pide diálogo para estudiar los perfiles con la sociedad civil, de manera que la persona elegida cumpla con los criterios de trayectoria en derechos humanos, así como apertura y entendimiento de la construcción democrática de políticas públicas, lejos del cuoteo partidario.
