El presupuesto fue aprobado y promulgado en la tarde de este jueves por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y cubrirá los gastos de los sectores públicos y creará nuevos cargos y puestos.
Si bien, esto está en línea con el déficit del 2,3% del PIB, incluye una sobreestimación de ingresos tributarios por valor de G. 184.210 millones, lo que para Hacienda constituye en realidad un desfinanciamiento, porque esa proyección carece de sustento técnico; por ende, es dinero que no ingresaría al Fisco este año.
El ejecutivo sancionó también un aumento de G. 351.000 millones en el gasto salarial, lo que financiará la creación de casi 2.900 cargos, así como reajustes para funcionarios del Congreso, Registro Civil, UNA, Defensa Pública, Mades y Ministerio de Salud, entre otros.
En el presupuesto también se aprobó el escalafonamiento para trabajadores sociales del Hospital de Clínicas y Hospital del Cáncer.
El abultamiento de gastos sería de G. 187.829 millones (unos USD 26,5 millones) y la sobreestimación de ingresos tributarios sería de G. 184.210 millones (USD 26 millones).
El Presupuesto General de la Nación 2023 también contempla la emisión de bonos para sostener el aumento salarial de médicos y enfermeros.
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El mismo también contempla la autoexclusión, mecanismo que permite que los parlamentarios se excluyan de cumplir las leyes de la Función Pública y de Racionalización del Gasto. Así, con la aprobación del presupuesto, el Congreso no tendrá la obligación de llamar a concurso para contrataciones, nombramientos y subas salariales. Lo mismo corre para la Corte, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre otros.
El Parlamento había redireccionado fondos de obras, por valor de USD 30 millones, a gastos corrientes.
Estas particularidades en su momento habían preocupan bastante a Hacienda. Según Llamosas, las opciones que maneja la cartera son tres: veto parcial, aplicar un duro plan financiero o acotar el plan de caja. La primera consiste en objetar solamente partes de la ley que se consideran incumplibles, la segunda en establecer un tope a los gastos financiados con impuestos y la tercera es una herramienta que limita las transferencias mensuales a las entidades de acuerdo con las recaudaciones.
En la fecha, el Ministerio de Hacienda finalmente recomendó al presidente que promulgue el PGN 2023 sancionado por el Congreso y dejó de lado la opción del veto parcial, pese a las modificaciones hechas a la ley.
Tras el correspondiente análisis realizado por los técnicos de Hacienda, la cartera recomendó a Mario Abdo Benítez, presidente de la República, la promulgación de la Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023, tal como fue sancionado en el Congreso, según anunció en la víspera el ministro Óscar Llamosas, durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.
De esta manera, se dejó de lado la otra opción que estaba en estudio, que era el veto parcial. Llamosas señaló que a partir de ahora trabajarán en la reglamentación del PGN de este año, a través de la cual se buscará mitigar el impacto de los aumentos que se introdujeron en el Parlamento.
El PGN cuenta con tres aspectos que son vistos con preocupación desde la cartera económica, que son la sobreestimación de ingresos tributarios, el mayor gasto salarial y el redireccionamiento de fondos de inversión a gastos corrientes.
La normativa sancionada dejó el plan de gastos en un monto global de G. 105,36 billones (USD 14.844 millones), pero incluyó una sobreestimación de ingresos tributarios por valor de G. 184.210 millones y un adicional de G. 351.000 millones para financiar reajustes, más bonificaciones y creaciones de cargos, entre otros puntos.
