Esta iniciativa se enmarca dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Tras el estudio y la aprobación que se realizó a instancias del Congreso, el Poder Ejecutivo dio su visto bueno a la modificación del artículo 3 de la Ley N° 4024/2010, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.
Uno de los puntos establece que la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 20 años cuando los fondos, activos y otros bienes y valores de cualquier naturaleza tuvieran origen en la comisión de otros hechos antijurídicos.
Cuando dichas conductas no se realizan dentro del territorio nacional, será castigado con pena privativa de 5 hasta 15 años.
Se condenan actos relacionados con la propaganda, difusión o incitación a la planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta disposición presidencial permite la posibilidad de recibir cooperación internacional con base en las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas.
Bajo la administración de Mario Abdo Benítez hubo una serie de reuniones y encuentros con las autoridades de Brasil y Argentina más el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos para encaminar acciones en conjunto a fin de detectar cualquier tipo de acción que pueda considerarse como acto terrorista, principalmente en aquellos que se generan en la zona de la Triple Frontera.
Paraguay declaró a Hezbollah y Hamás como grupos terroristas. Estableció acciones para combatir todo tipo de financiamiento.
