La ley que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental hasta el 2030 ya está vigente. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves el documento.
La normativa fue tratada con celeridad en el Congreso Nacional atendiendo que su vigencia era hasta este lunes, por lo que las organizaciones ambientalistas temían la desprotección de los bosques, a pesar de que tanto legisladores como oenegés reconocen que la ley no se cumple a cabalidad.
La ley extiende por 10 años los alcances de la Ley 6256, que tiene por objeto regular la protección, la recuperación y el mejoramiento del bosque nativo en la Región Oriental en cumplimiento de la Ley 5875/2017 de Cambio Climático.
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Además, con esta nueva ley también se ofrece por primera vez incentivos para las personas que contribuyan a la conservación de los bosques nativos como la exoneración del impuesto inmobiliario, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.
Entre ellos, se resalta que el área de bosque nativo no debe estar bajo ningún régimen de aprovechamiento que implique un beneficio económico o explotación productiva; que el inmueble afectado deberá estar ajustado a todas las disposiciones legales en cuanto a la existencia de reservas legales, áreas de protección, y cumplimiento de disposiciones ambientales; etc.
También se destaca que mediante este proceso los municipios crearán una base de datos con los registros de los inmuebles beneficiados por este régimen de exoneración, el cual deberá ser de libre acceso a la ciudadanía.
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La ley que fue creada en el 2004 fue prorrogada sucesivamente con el objetivo de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo de la Región Oriental, que fue deforestado sin control.
La disposición prohíbe la realización de actividades de transformación o conversión de superficies con cobertura de bosques a superficies destinadas al aprovechamiento agropecuario en cualquiera de sus modalidades o a superficies destinadas a asentamientos humanos.
Tampoco están permitidas actividades como la producción, transporte y comercialización de madera, leña, carbón y cualquier subproducto forestal originado del desmonte no autorizado por un plazo de 10 años.
Cualquier tipo de actividad prohibida en el marco legal vigente será pasible de sanciones administrativas y, según cada caso, de penas privativas de libertad de 3 a 8 años. Las condenas pecuniarias administrativas y civiles se aplicarán sin perjuicio de la obligación de recomponer e indemnizar el daño ambiental que se hubiera causado.
Modificación de líneas de 500 kV quedó promulgada
Esta misma tarde, Abdo también firmó la promulgación de la ley que modifica el artículo 1° de la Ley 976/1982, por la cual se amplía la Ley 966/64, que crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El documento establece la franja de dominio para la construcción de líneas de 500 kV. Con la modificación se establecen 70 metros como franja de servidumbre en líneas de transmisión de 500 kV, 35 metros a cada lado del eje de la línea, en lugar de 110 metros, como se establecía la normativa actual.
El proyecto impulsado por la ANDE sostiene que esta reducción es conveniente ya que resulta en un menor impacto en el entorno de zonas boscosas o vegetación natural y se podrá reducir de esta forma el impacto y el costo de los proyectos de transmisión en 500 kV.
Una medida similar ya fue tomada en el 2014, ocasión de la construcción de la línea de transmisión recientemente culminada LT 500 kV Ayolas-Villa Hayes.
El presidente destacó que la ley permitirá, además de reducir impactos socioambientales, avanzar con las obras de 500 kV MD-Yguazú y que Paraguay pueda utilizar el 100% de la energía de Itaipú que por tratado le corresponde.
