El Poder Ejecutivo dispuso el reajuste del salario mínimo en G. 100.739, pasando a G. 2.899.048 el salario vigente y quedan el jornal mínimo en G. 111.502.
La propuesta de reajuste del salario mínimo legal fue recomendada por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para su vigencia a partir del 1 de julio de 2025.
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El reajuste del salario mínimo se realiza sobre la base de la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) y su impacto en la economía nacional, al mes de junio de cada año.
En esta ocasión, el reajuste se realizó con base en un 3,6% de inflación acumulada y medida por el IPC.
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que se evalúa utilizar un cálculo distinto al aplicado actualmente para determinar el reajuste y abordar el tema de la canasta básica, que tiene un importante aumento y encarece la vida de los trabajadores.
El ministro reconoce que el índice de precios al consumidor (IPC) general no refleja la realidad del costo de la canasta básica y, por lo tanto, no debería ser utilizado para ajustar el salario mínimo de forma exclusiva.
“Es un problema constante el hecho de que la gente esté protestando por lo que mide el Banco Central, pero eso es como se hace política monetaria. Ahora, la cuestión del salario mínimo, tenemos que repensar y ver un poco qué podemos hacer”, consideró el ministro.
Asimismo, dijo que se está trabajando en una actualización del IPC, con la participación del gobierno, empresarios y trabajadores, para determinar si esta canasta seguirá siendo la referencia para el reajuste salarial.
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El propio presidente de la República, Santiago Peña, también reconoció la situación. No obstante, pese al encarecimiento de los productos, en esta ocasión solo se tomó la inflación del IPC, pese a los cuestionamientos de centrales y sindicatos obreros, que hablan de una pérdida del valor adquisitivo.
Cambio del cálculo
La senadora nacional Esperanza Martínez presentó un proyecto de ley que busca modificar el método de cálculo del salario mínimo en Paraguay, con el objetivo de que refleje de manera más justa el verdadero aumento del costo de vida de la población trabajadora.
La legisladora alegó que, entre 2018 y 2023, el IPC general aumentó un 28%, mientras que el de alimentos subió un 47%. Solo en 2023, los precios de los alimentos se incrementaron un 7,5%, frente al 3,9% del índice general.
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“El salario mínimo debe reajustarse con base en el índice que mayor impacto haya tenido, y en la mayoría de los casos, ese es el de alimentos”, sostuvo la parlamentaria.
Asimismo, la propuesta incorpora un componente de transparencia, que exigirá que el Conasam publique en la web del Ministerio de Trabajo las actas, cálculos y criterios utilizados para definir el reajuste anual.
“Hay desconfianza en los números. Lo que pedimos es que se publiquen los datos para que todos podamos verificar cómo se llega al monto final”, expresó Martínez.
