Las discusiones respecto al tema se iniciaron ante la escalada de precios de la canasta de consumo, principalmente de frutas y verduras, así como de productos cárnicos, lo que genera malestar en la ciudadanía.
El problema principal radica en el hecho de que la ley establece que el reajuste es efectuado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Conasam, con base en la variación interanual del índice de precios al consumidor (IPC) o la inflación. Sin embargo, para los sindicatos de trabajadores este índice no refleja el consumo real de los trabajadores ni la pérdida del poder adquisitivo ante la suba de precios de la canasta básica.
“La ley hoy habla de que el ajuste tiene que hacerse, como mínimo, por el ajuste del IPC, la inflación de los últimos meses. ¿Hay una realidad, verdad? La canasta de un trabajador no es la misma que la del IPC”, reconoció.
Sin embargo, sostuvo que realizar un reajuste del salario también tendrá como efecto un reajuste de precios, lo que podría perjudicar a un gran porcentaje de trabajadores que ganan menos del salario mínimo.
“Lo que sabemos y lo que está hablando el Ministerio de Economía es que se reconoce que hay un desfasaje en el costo de una canasta básica de una persona, pero también es cierto que un porcentaje mayoritario, más del cincuenta por ciento de la clase trabajadora, ni siquiera gana el salario mínimo. Entonces, muchas veces nosotros ajustamos el salario mínimo, y todos los precios se indexan por el salario mínimo, pero los que no ganan salario mínimo están peor”, afirmó.
El mandatario enfatizó en la necesidad de hacer un enfoque integral para los ajustes salariales, más allá del salario mínimo.
“Tenemos que trabajar una estrategia mucho más amplia, donde el salario mínimo puede ser un elemento, pero no puede ser el único”, indicó.
Encuesta transversal. Anteriormente, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dijo que se llegó a un acuerdo con los sindicatos de trabajadores, que contempla que el Banco Central esté a cargo de la encuesta, la cual consideran que debe ser transversal “a través de todos los niveles de ingreso que existen”, y que contemple a los que ganan salario mínimo y mucho más, solo que se encuestará a más gente para construir una canasta que, una vez hecha, se tendrá una medición.
“Esto lógicamente hay que ponerlo en discusión, esto no se le puede imponer al Gobierno, porque acá hay una cuestión tripartita. Están los trabajadores, está el Gobierno, pero están los empresarios que son los que pagan”, sostuvo el secretario de Estado.
