La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó una resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político a Donald Trump, al permitir audiencias públicas y dar más poder a los republicanos en la investigación contra el mandatario.
Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara Baja sacó adelante un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puerta cerrada y bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata.
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La resolución autoriza al Comité de Inteligencia a hacer públicas sus audiencias y elaborar un informe para que el Comité Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump, que se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría.
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Además, permite que los abogados de Trump participen en las audiencias y que los republicanos convoquen testigos y soliciten documentos, aunque para ello necesitarían el consentimiento de una mayoría de los legisladores, lo que puede suponerles más trabas.
“Esta resolución asegura que habrá transparencia”, dijo la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, antes de la votación en el pleno.
Sin embargo, los republicanos insistieron en que el proceso establecido favorece a los intereses de los demócratas y por eso ninguno de ellos votó a favor de la medida, mientras que dos miembros de la bancada progresista se pronunciaron en contra de ella.
“Esto sigue sin darnos ninguna garantía de debido proceso a la Administración”, insistió la portavoz de la Casa Blanca. “Los demócratas quieren llegar a un veredicto sin dar a la Administración una oportunidad de montar su defensa. Eso es injusto e inconstitucional”, agregó.
Se espera que la Cámara de Representantes reúna sin problemas los votos para aprobar un juicio político contra Trump, pero ese proceso se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos ocupan la mayor parte de los escaños y, de momento, no hay suficientes apoyos para apartar al presidente del poder.
La investigación se centra en la sospecha de que Trump usó todo el poder de la Presidencia de EEUU para presionar al Gobierno ucraniano y obligarle a investigar a la familia del exvicepresidente Joe Biden, un potencial rival en las elecciones de 2020.
