La semana pasada, la senadora Esperanza Martínez llamó a audiencia pública para debatir sobre la prohibición del cianuro en la minería. Pero, mientras tanto, las piletas de lixiviación siguen filtrando veneno en los arroyos, los cultivos y la sangre de los paraguayos. Es literal.
Un estudio de la Pastoral Social, en conjunto con la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Campus Guairá y la Universidad Nacional de Asunción (UNA), descubrió que las concentraciones de cianuro en Paso Yobái superan en un 45% los límites permitidos. De un total de 99 pobladores de la zona que fueron analizados, 11 tenían concentraciones sumamente peligrosas de mercurio y cianuro en orina.
Latin American Minerals (Lampa SA), una de las empresas habilitadas para la explotación minera en la zona, desacredita el informe tachándolo de ”unilateral”. “No se invitó a los mineros. ¿Cómo van a confiar en un informe que nace de un sector que está en contra de ellos? Nos encantaría un estudio en el que todos estemos”, afirmó en la audiencia Alberto Antebi, representante de la firma. ¿Será que querían ser juez y parte?
Las mineras nunca pueden ser evaluadoras imparciales de su propio impacto ambiental. Su objetivo principal es maximizar ganancias, no proteger ecosistemas. De hecho, históricamente han minimizado riesgos. En países como Perú y Argentina, las mineras han financiado “estudios conjuntos” que niegan contaminación, pero cuando universidades u oenegés independientes analizan las mismas zonas, encuentran metales pesados en la sangre de los pobladores. Un ejemplo claro son los casos de Barrick Gold, en Argentina, que ocultó filtraciones de cianuro, o Southern Copper en Perú, que manipuló datos sobre arsenicosis.
La estrategia es conocida: negar, desviar y retrasar. Mientras tanto, familias yerbateras ven cómo sus cultivos se vuelven inservibles y los niños de comunidades aledañas sufren intoxicaciones silenciosas.
El Ministerio del Ambiente (Mades) y la Municipalidad de Paso Yobái aparecen como espectadores pasivos. Aún no se ha logrado un ordenamiento territorial que separe las zonas agrícolas de las mineras, pese a que la ley lo exige.
El cianuro no solo mata peces –como se vio en el arroyo Silva Cué–, envenena lentamente a las personas. La doctora Laura Flores advirtió en el Senado sobre sus efectos: daño neurológico, problemas respiratorios y cáncer. Y la bioacumulación en cultivos convierte cada hoja de yerba mate en un riesgo.
La ingeniera Ana Rolón lo dijo claro: “No estamos en contra de la minería, sino de la minería contaminante”. Métodos como la gravimetría o el uso de plantas extractoras podrían reemplazar al cianuro, pero requieren inversión. Las empresas prefieren lo barato y letal, mientras el Estado no exige cambios.
La ley contra el cianuro no es un capricho ambientalista: es una urgencia de supervivencia. Si se cede al lobby minero, habremos firmado la sentencia de muerte de Paso Yobái y, por qué no, el futuro de Caapucú.
