Desde la Asesoría de Comunicación Social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) señalan, con relación a la publicación referente al señor Andrés Gubetich, que es funcionario permanente de la entidad desde el 1 de octubre de 2002 y nunca dejó de pertenecer al plantel de la institución.
Menciona también que cuando asumió la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), se le otorgó licencia con goce de sueldo desde el 27 de agosto de 2019 hasta el 1 de mayo de 2021.
La EBY de esta forma precisa que “no existió una reincorporación ni un nuevo ingreso del señor Gubetich a la EBY”, sino la continuidad de una relación laboral vigente desde el año 2002, contando actualmente con 23 años y 10 meses de antigüedad en la institución.
Ante las consultas del diario Última Hora de si se trató de un comisionamiento, los encargados de responder indicaron que Gubetich no estaba comisionado. “Durante el periodo en que ejerció otras funciones públicas tenía una licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada formalmente por resolución del Comité Ejecutivo de la EBY”, explicaron.
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En el 2018, al asumir la presidencia de Conatel, se le otorgó la licencia mediante Resolución 18438/18. Posteriormente, cuando fue designado presidente del IPS, esa resolución fue dejada sin efecto y mediante la Resolución 18985/19 se le otorgó una nueva licencia extraordinaria con goce de haberes, durante el tiempo que durara su designación y sin perjuicio de su antigüedad.
La EBY señala que al finalizar sus funciones en el IPS en 2021 volvió a prestar funciones en la EBY. La Resolución 18985/19 establece un reglamento que tiene por objeto regular las relaciones laborales entre la EBY y los funcionarios comisionados.
Según la declaración jurada del 2019, Gubetich recibía mensualmente G. 36.696.810 por remuneración y honorarios de G. 250 millones. En el 2021 cuando dejó el cargo de presidente del IPS declaró una remuneración mensual de G. 58. 387.124 y honorarios de G. 99 millones.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó un crecimiento patrimonial de unos G. 11.000 millones. El informe, remitido a la Fiscalía en diciembre de 2022, señala que entre 2014 y 2018 su patrimonio declarado aumentó en aproximadamente G. 19.000 millones.
