El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió investigar a dos camaristas de Alto Paraguay por una presunta maniobra política –judicial que favoreció a un procesado por varios delitos y que sería un protegido del clan Adorno.
Las magistradas son María Gloria Torres Agüero y Myriam Giménez Fernández, integrantes de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Fuerte Olimpo. También existe la sospecha de que ambas juezas están detrás de la artimaña legal promovida por el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, quien busca deshacerse de la imputación en su contra por lesión de confianza sobre adquisición irregular del vehículo para uso particular.
El abogado Óscar Paciello, miembro del JEM, expuso ante el pleno del Jurado los hechos denunciados –con base en una publicación periodística– sobre una aparente protección política y judicial hacia un procesado por invasión, robo agravado y otros delitos.
Torres Agüero y Giménez Fernández revocaron –el 24 de setiembre último– la medida cautelar que mantenía la prisión preventiva contra el procesado Alberto David Gauto, un apadrinado tanto del intendente de Casado y del actual diputado José Adorno, quienes –según los antecedentes– cuentan con tentáculos en los tribunales del Departamento de Alto Paraguay.
Ardid. En el Tribunal de Alzada de Olimpo, el mes pasado, se realizaron varios sorteos para tratar específicamente el caso de Gauto y otro que involucra al intendente Adorno. Lo llamativo es que ambas camaristas figuraron en el orden de votación para intervenir en los dos procesos. A partir de ahí se levantaron las sospechas de una aparente maniobra para favorecer a ambos denunciados por hechos ilícitos.
Gauto ya había sido beneficiado por parte del Juzgado de Puerto Casado. Primero con la prisión domiciliaria a instancias de una caución de G. 200 millones, ofrecida por el intendente.
Adorno, a la vez, puso su casa a disposición del procesado para que cumpla la medida judicial de prisión domiciliaria y el investigado obtuvo su libertad ambulatoria.
Posteriormente, Gauto cayó detenido y fue puesto ante la Justicia por un hecho de presunto robo agravado. Y su abogado defensor es el mismísimo asesor jurídico del Municipio de Casado, Luis Cabañas. El abogado presentó un recurso de apelación que tuvo la oposición del Ministerio Público, que sostenía el peligro de fuga y una posible obstrucción de la investigación.
Las cuestionadas camaristas rechazaron los argumentos de la Fiscalía y accedieron al pedido de la defensa técnica, salvando así al procesado de las rejas en contra de la recomendación fiscal.
Temor. Gauto se encontraba con prisión preventiva por un hecho de presunto robo agravado en una propiedad de la firma Atenil SA. Según Óscar Mazacotte, representante legal de dicha firma, ellos tropiezan con muchas trabas judiciales al punto que existe “una suerte de miedo” al intendente.
Están expectantes, ahora, a la audiencia preliminar, fijada para el 31 de octubre próximo, ante el Tribunal de Apelaciones sobre el proceso de invasión de inmueble que pesa contra Gauto.
Impunidad. La familia Gauto, en 2021, fue denunciada por apropiarse de un terreno de Atenil. Llegaron a resistir a un desalojo de la Policía Nacional, que no logró hacer cumplir una orden judicial para el efecto. El lote en cuestión está ubicado sobre la ruta Bioceánica, ocupada actualmente por muchas personas lideradas por la familia Gauto.
El abogado aseguró que hay otras personas que cuentan con orden de captura en el tema de invasión de propiedad; pero, a la luz de la impunidad de la que gozan, “deambulan sin temor” alguno a la Justicia.
