Se trata de Lucio Romero Caballero y Nery Antonio Franco González, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Pese al último intento de ambos por suspender esta audiencia preliminar, finalmente, la jueza Letizia Paredes elevó la causa a juicio oral y público, informó la periodista Marcia Martínez.
La magistrada además les otorgó la libertad ambulatoria pero con la prohibición de salir del país o cambiar de domicilio, realizar la comparecencia mensual y una fianza de G. 26 millones cada uno.
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Romero y Franco son dos de los salpicados en el caso que saltó a la luz en febrero del 2017 con las publicaciones de Última Hora, que revelaban que el parlamentario tenía tres caseros cobrando dinero del Estado.
Tomás Rivas fue desaforado el pasado de 22 de mayo y está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
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El político colorado había planteado una nulidad de la imputación por considerar que la Fiscalía no comunicó a la Cámara de Diputados cuando inició la investigación. Sin embargo, este pedido fue rechazado.
Otro de los investigados es Reinaldo Chaparro Penayo, supuesto chofer del legislador procesado. Este último tendrá su audiencia preliminar el próximo 5 de julio.
