La violación de las disposiciones del decreto 1056/13, establecido para las compras públicas simplificadas a pequeños agricultores, es “una estafa porque se presume que se hizo algo para beneficiar un procedimiento para quien no es”, sostuvo Jorge Paiva, asesor jurídico de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Es una falta administrativa grave, tanto del sujeto como del convocante”, dijo. Confirmó que están detrás de una investigación para derivar el caso a la Fiscalía.
La reacción de la DNCP responde a la serie de irregularidades detectadas en el proceso de compra de la Gobernación de Paraguarí, una de las dos administraciones departamentales beneficiadas con los USD 4 millones que presupuestó el Gobierno para la nueva modalidad de compra directa de pequeños productores, dentro de su programa de lucha contra la pobreza.
En el citado departamento se constató que la Gobernación benefició a intermediarios e hizo adjudicaciones sin que los oferentes tengan la capacidad de provisión, violando la herramienta legal. Paiva arremetió fuertemente contra la entidad convocante, ya que “ella es la que corre con la responsabilidad de verificar que el sujeto, que se presenta como oferente dentro del proceso de la agricultura familiar, cumpla con el requerimiento estipulado en el decreto 1056".
El funcionario también destacó la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el proceso, al certificar la calidad de los productores, ya que es el ente encargado de anotarlos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf). Esto “es obligatorio para la formalización del contrato; es decir, el decreto le obliga a estar en el Renaf”, dijo.
ERRORES. El gobernador Miguel Cuevas había dicho a ÚH que “hay errores porque es un experimento”, en referencia a las irregularidades cometidas. Pero las evidencias revelan que los procedimientos que el mismo califica de “errores” fueron realizados a conciencia.
Tanto Cuevas como el ministro Juan Carlos Baruja saben que se adjudicaron altos montos a simples intermediarios que se beneficiaron con la compra simplificada, muchos de ellos amigos suyos, como Vicente Vega y Francisco Fernández. Evidencia de ello es la cuenta en Facebook de Baruja, donde junto con el gobernador se los ve visitando la finca en la casa de Fernández, donde solo hay plantaciones de tomate, y no la variedad de 23 productos con los que fue adjudicado.
Vega y Fernández fueron adjudicados con G. 875 millones cada uno. El primero es padre de un miembro de la seccional colorada de Sapucai, donde Cuevas es presidente, y el segundo es un conocido operador político de Baruja, según fuentes. Las calcomanías pegadas en el portón de la casa de Fernández comprueban que, mínimamente, es fanático del ministro.
