15 nov 2026

Directora de Imedic recusa al magistrado José Servín

Nidia Godoy Ojeda, directora de Insumos Médicos SA, recusó este jueves al camarista José Waldir Servín, por presunta falta de independencia.

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La Fiscalía dictó orden de detención para los directivos de Imedic SA.

Foto: Archivo ÚH.

Aún no se resolverá la apelación de la Fiscalía contra la resolución de la jueza penal de Garantías Lici Sánchez que dispuso el arresto domiciliario a Patricia Ferreira Pascottini, presidenta de Insumos Médicos SA, y a Nidia Godoy Ojeda, directora de la misma empresa, debido a que esta última recusó al camarista José Waldir Servín, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

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La recusación contra el magistrado fue por presunta falta de independencia

El juez es miembro del Tribunal de Apelación, Tercera Sala de la Capital, que debe estudiar la apelación presentada el jueves pasado por los fiscales Marcelo Pecci y Sussy Riquelme sobre el arresto domiciliario de las directivas de la proveedora de insumos médicos Imedic SA.

Nota relacionada: Fiscales apelan arresto domiciliario de directivas de Imedic SA

La Fiscalía pretende que ambas guarden prisión preventiva porque existe un peligro de fuga y de obstrucción a la investigación. En ese sentido, cuestionan que la magistrada haya notificado al Ministerio Público sobre la audiencia de Ferreira apenas 11 minutos antes y en caso de Godoy, 26 minutos antes.

Ambas están imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.

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Según la Fiscalía, bajo supervisión de Ferreira y de Godoy, Imedic SA utilizó facturas falsas de una compañía multinacional para mentir sobre el origen de medicamentos, obtener permisos para su importación y luego comercializarlos en Paraguay sin control.

Luego de permanecer prófugas por varios días, ambas personas se presentaron ante la Justicia el pasado miércoles 22 de julio. Además del arresto domiciliario, la magistrada Sánchez dispuso además la prohibición de salida del país, de cambiar de domicilio y de comunicarse entre coprocesados.

Asimismo, fijó una fianza real de USD 750.000 para cada una, sobre un inmueble.

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