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Directora, coordinadora y docente serán procesadas por caso de abuso a niño

La agente fiscal Myriam Rodríguez anunció la imputación contra la directora, coordinadora y una docente del colegio de Lambaré en el que se registró un hecho de abuso sexual a un niño. La directora se encuentra en calidad de demorada.

La agente fiscal Myriam Rodríguez dijo que conforme a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal, como así también las investigaciones llevadas a cabo, la directora, coordinadora y una docente del colegio en Lambaré van a ser procesadas por obstrucción de la persecución penal y violación del deber del cuidado.

Las tres personas serán convocadas este sábado para brindar declaración indagatoria y posteriormente se formulará la imputación respectiva. Las autoridades educativas se encuentran en calidad de demoradas y pasarán la noche en la Comisaría 7ª de Ñemby.

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La fiscala también señaló que se extrajeron todas las imágenes del circuito cerrado este viernes, tras un allanamiento realizado en la institución educativa, que no activó los protocolos e informó una semana después recién el caso al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según las autoridades.

Otros directivos y funcionarios de la institución educativa prestaron declaración testifical este viernes en la Fiscalía de Lambaré. Un grupo de padres también se hicieron presentes en el lugar para manifestarse y exigir que se haga justicia.

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El caso tomó estado público esta mañana, tras la intervención fiscal, del Ministerio de Educación y una manifestación de padres frente al colegio.

La madre de un niño de 6 años denuncia un caso de abuso sexual ocurrido en el interior del baño del colegio por parte de alumnos de cursos superiores.

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La institución educativa recibió la denuncia, pero minimizó el hecho y comunicó al Ministerio de Educación una semana después como un caso de acoso escolar entre pares.

Los nombres del niño y de las autoridades de la institución se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.

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