Desde el Observatorio del Ministerio Público señalaron que el estudio se realizó sobre una muestra de causas ingresadas entre los años 2023 y 2025, periodo en el que se registraron un total de 1.944 denuncias relacionadas con este hecho punible.
Los datos evidencian una tendencia creciente en la cantidad de casos que afectan a personas en condición de vulnerabilidad.
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Los resultados muestran que, en promedio, el 89% de las víctimas son personas adultas mayores. En 2023, el 48% de las víctimas tenía entre 70 y 79 años, con predominio del sexo masculino.
En 2024, el 34% correspondió al mismo rango etario y se observó una distribución equitativa entre hombres y mujeres. En el 2025 sin embargo, volvió a predominar el sexo masculino, especialmente entre las personas de 80 a 89 años.
En cuanto a la cantidad de denuncias, en 2023 ingresaron 558 causas, de las cuales se analizaron 82 para determinar el perfil de las víctimas. En 2024, se registraron 684 denuncias y se estudiaron 90 casos.
Entre tanto, en el 2025 ingresaron 702 denuncias, tomándose igualmente una muestra de 90 causas para el análisis.
Condiciones de salud y dependencia
La investigación señala que una importante proporción de las víctimas padece enfermedades graves o crónicas. En 2023, esta condición se observó en el 79% de los casos analizados; en 2024, en el 69%; y en 2025, en el 55%.
Asimismo, el 95% de las víctimas presenta imposibilidad de valerse por sí mismas, mientras que el porcentaje restante corresponde a personas con enfermedades neurológicas o trastornos mentales.
Personas denunciadas y vínculos familiares
El informe revela que las personas denunciadas tienen, en su mayoría, entre 30 y 44 años de edad, franja que representa el 39% de los casos analizados.
Respecto al sexo de los denunciados, en 2023 predominó el femenino; en 2024, el 50% de las denuncias fue formulado contra hombres; mientras que en 2025 el 51% de las personas denunciadas volvió a corresponder al sexo femenino.
En relación con el parentesco, los hijos e hijas encabezan la lista de responsables de la violación del deber del cuidado. Les siguen hermanos y hermanas, padres y madres, además de sobrinos y cónyuges.
Consecuencias para las víctimas
Según el informe, entre los principales efectos sufridos por las víctimas se identifican el deterioro físico, la privación de recursos económicos destinados a cubrir necesidades básicas y atención médica, como también el deterioro psicológico.
Además, en varias denuncias, se verificó la presunta comisión de otros hechos punibles, entre ellos abandono, coacción, lesión y amenaza.
Asimismo, los familiares cercanos constituyen el principal grupo de denunciantes y también se destacan intervenciones realizadas por la Policía Nacional, la Defensoría Pública, así como denuncias promovidas por amigos y vecinos.
Departamentos con mayor cantidad de casos
El departamento Central concentra la mayor cantidad de denuncias por este hecho punible, seguido de Asunción. Los demás casos se distribuyen en menor proporción en los Departamentos de San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Misiones y Alto Paraná.
La violación del deber del cuidado se encuentra prevista en el artículo 227 del Código Penal, que establece: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”
