El desafuero de Tomás Rivas se da en respuesta al pedido que la jueza Letizia Paredes hizo a la Cámara de Diputados, en el marco de la imputación contra el parlamentario colorado por estafa y otros delitos, en el conocido caso de los caseros de oro.
Fue el propio diputado colorado quien solicitó a sus colegas tratar lo requerido por la magistrada, durante la sesión ordinaria de este miércoles. Tras un breve descargo del parlamentario, por unanimidad, se decidió quitarle los fueros.
“Se ha presentado una imputación de manera irregular en mi contra y, desde ese momento, se pretendió instalar que mi caso es igual al de un ex colega (José María Ibáñez)”, indicó.
Además, negó haber cometido cualquiera de los delitos por los cuales se lo acusa. Rivas criticó la labor del Ministerio Público y dijo que no se tuvieron en cuenta varios elementos, documentos y declaraciones, antes de formular la imputación en su contra.
Por lo que cree existen “otros intereses en esta causa”, reprochó en tono tajante. También advirtió que no descarta recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En otro momento de su descargo, subrayó que en todo momento se puso a disposición de la Fiscalía, para que el caso pueda ser aclarado. “A pesar de violentar mis derechos, yo confió en la Justicia y hoy solicitó que se otorgue mi desafuero”, sentenció.
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Tomás Rivas está imputado por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. El caso salió a luz en el mes de febrero del 2017, mediante una investigación realizada por Última Hora, que descubrió el ilícito.
Con relación a la defensa del diputado, su representante legal, Jorge Bogarín, manifestó, en comunicación con Monumental 1080 AM, que continuarán con el proceso correspondiente que deberá enfrentar el legislador, sin obstruir el desarrollo de las acciones.
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Él diputado habría incurrió en el mismo hecho que su correligionario José María Ibáñez, quien también pagaba a sus empleados con dinero del Estado, pero realizaban trabajos domésticos en su quinta y cobraban como funcionarios de la Cámara de Diputados.
Ibáñez se vio obligado a presentar su renuncia a causa de la presión ciudadana, que se manifestó en contra de la impunidad.
