Opositores y colorados disidentes consiguieron 43 votos –necesitaban 41 para tener mayoría– para rechazar el veto parcial al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. Los oficialistas votaron por la aceptación de las objeciones del Poder Ejecutivo.
Los legisladores sesionaron en forma extraordinaria para analizar la decisión del presidente Horacio Cartes. Prácticamente, todos los diputados que hicieron uso de palabra dejaron sentada su postura de rechazo.
La Cámara de Diputados estuvo dominada por el oficialismo colorado en gran parte del actual periodo parlamentario, pero el escenario cambió en los últimos tiempos. Los cartistas perdieron mayoría, y esta vez, tampoco tuvieron apoyo de los liberales disidentes.
El único oficialista en hablar en esta ocasión fue Clemente Barrios, quien afirmó que correspondía aceptar el veto parcial porque lo sancionado por los legisladores violaba la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al respecto, criticó a los senadores por no tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Hacienda.
“El Poder Ejecutivo llevó adelante la objeción parcial ya que si no lo hacía se estaría comprometiendo no solamente la viabilidad financiera del próximo gobierno, sino se estaría afectando los pilares del crecimiento económico futuro del país”, expresó.
Para el parlamentario colorado, los incrementos salariales tampoco representaban un beneficio real para los sectores afectados. Dijo que se estaba ampliando la brecha de inequidad.
Sin embargo, su colega José María Ibáñez, como vocero de los colorados disidentes, pidió directamente no dar lugar a lo decretado por el jefe de Estado. Aseguró que no se trataba de una actitud populista o electoralista, sino de una postura ideológica afín a la esencia de la ANR.
“El movimiento Colorado Añetete sostiene que las reivindicaciones sociales, en el sector de la educación y salud, son una necesidad”, manifestó. En forma tajante, refirió que la ley de presupuesto sancionado es viable, responsable y razonable.
Misma postura que el disidente tuvo el liberal Víctor Ríos, quien criticó el “ensañamiento del Poder Ejecutivo” con los docentes y trabajadores de la salud. Consideró una trampa el argumento para veto parcial.
“Dice que el proyecto de ley sobrepasa las estimaciones de ingreso realizado por el Poder Ejecutivo. Eso es una trampa mortal porque lo hacen en forma unilateral y arbitraria. Hace una estimaciones por debajo de lo que puede recaudar el fisco para seguir facilitando la evasión de impuestos”, añadió.
La diputada independiente Olga Ferreira también se mostró en contra de la decisión presidencial. “Me animo a decir que desde el Ejecutivo no dimensiona cuánto afectará el veto a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como lo es educación y salud”, indicó.
Sobre el argumento de desfinanciamiento, la legisladora lamentó que Hacienda tampoco recortó en otros sectores. Reprochó que se haya ampliado el plan de gasto para el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), salpicado actualmente por hechos de corrupción, y recortado para el Hospital del Trauma.
Rocío Casco, de Avanza País, advirtió que los análisis técnicos tampoco son neutrales porque está acompañado de una posición política. “Debemos entender que esa técnica se usa para poder beneficiar esa decisión política”, apuntó.
En ese sentido, lamentó que en ninguno de los gobiernos se realizaron modificaciones estructurales para mejorar la recaudación y tampoco se lograron pactos para poder financiar el Estado.
“Mucha fuerza para los compañeros docentes que hoy día dejaron de lado su descanso, sus vacaciones y se llegaron hasta el Congreso Nacional para exigir sus derechos”, expresó el diputado Ramón Duarte, del Frente Guasu.
VETO PARCIAL. El presidente de la República Horacio Cartes vetó parcialmente el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. La objeción afecta a los incrementos salariales aprobados por el Congreso Nacional.
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, mencionó que el Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado y con reestructuración del gasto público, al moverse las partidas presupuestarias.
Señaló que el déficit del plan de gastos asciende a USD 87 millones que debe ser financiado con impuestos.
La objeción parcial al proyecto de presupuesto sancionado por el Congreso se da sobre los aumentos incorporados para el Ministerio de Educación y Ciencias (4%), Ministerio de Salud Pública en un porcentaje de hasta el 30% y en 8% para los diferentes programas de la entidad.
El Ejecutivo tampoco está de acuerdo con el aumento para los funcionarios de la ANDE, en G. 600.000 y a los trabajadores de la Industria Nacional del Cemento (INC) en un 12%.
CARTA MAGNA. El artículo 208 de la Constitución Nacional establece que un proyecto de ley, parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, será devuelto a la Cámara de origen para su estudio (Diputados) y pronunciamiento sobre las objeciones.
Si esta Cámara las rechazara por mayoría absoluta, el proyecto pasará a la Cámara revisora (Senado), donde seguirá igual trámite. Si esta también rechazara dichas objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará confirmada, y el Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará.
Las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas Cámaras del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas Cámaras podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley.
