El proyecto de ley de los Juegos de Azar y su Regulación debía ser tratado este martes en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, pero los legisladores, en consenso, aplazaron el tratamiento para dentro de ocho días.
Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), tomó la iniciativa y pidió la postergación de la propuesta sin definir un plazo. Seguidamente, el diputado Tadeo Rojas, que preside la Comisión de Presupuesto, pidió el aplazamiento por ocho días.
Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), por su parte, solicitó volver a tratar en marzo con apoyo de su correligionaria Norma Camacho y de Rocío Vallejo (PPQ), pero no obtuvo el acompañamiento suficiente.
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La moción de Tadeo Rojas obtuvo 35 votos a favor y la de Kattya González 31.
Villarejo señaló que se debía analizar con mayor profundidad la eliminación de la renta del juego de azar y el motivo por el cual hay juegos que no van a depositar al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), entre otros.
Incluso planteó que se debe considerar la presencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el proyecto de ley.
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Entre González, Camacho y Vallejo coincidieron que es importante llevar adelante previo al tratamiento una audiencia pública.
Sin embargo, el colorado Justo Zacarías mencionó que el documento tiene cinco años de tratamiento. “Pasa que hay grupos que no quieren la ley, entonces eso es lo que perjudica. Esta ley ya fue suficientemente debatida”, acotó.
Representantes de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja) y de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) están en contra del presente proyecto de ley.
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Sostienen que se pretende dar curso al tratamiento sin que todos los afectados que llevan adelante la explotación de juegos, de los diferentes rubros de la industria, hayan emitido al menos su opinión al respecto.
Además, reclamaron que todas las cámaras del sector no fueron escuchadas ni consultadas, pese a varios intentos e indicaron que tampoco se han recibido opiniones de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Conacom, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud, por su fondo Fonaress.
