Un grupo de diputados de la oposición y la disidencia colorada han solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación penal sobre el posible uso indebido de los fondos estatales para financiar campañas publicitarias digitales destinadas a atacar a la prensa y promover intereses partidistas en lugar de informar al público.
Los firmantes son los diputados Mauricio Espínola (ANR-Añetete), Rocío Vallejo (PPQ), Adrián Billy Vaesken (PLRA) y Raúl Benítez (Independiente).
La denuncia se fundamenta en una investigación periodística que revela el posible desvío de fondos estatales para campañas digitales sucias diseñadas para atacar a periodistas, a medios de prensa y a actores específicos.
Los legisladores argumentan que estos contenidos configuran un daño patrimonial al Estado, ya que el dinero se usa con fines propagandísticos o de desprestigio.
Para abordar estas preocupaciones, los congresistas sugieren varios pasos de investigación, incluidas la auditoría de los contratos publicitarios y la identificación de los funcionarios responsables de la autorización de estos gastos.
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En última instancia, los legisladores buscan determinar el alcance del daño financiero al Estado y garantizar la rendición de cuentas para aquellos que redirigieron los activos públicos para obtener ganancias políticas privadas.
Según el documento, las principales acusaciones incluyen ataques digitales sistemáticos, es decir, los fondos públicos supuestamente se utilizaron para contratar y distribuir contenido de comunicación en plataformas como Google y Meta (Facebook e Instagram) destinado a desacreditar a actores específicos, medios de comunicación y periodistas, como así también la participación de una agencia internacional extranjera.
La petición argumenta que esto constituye una “disposición indebida de la propiedad del Estado”, que resulta en un daño financiero a la tesorería pública y la violación de los principios de legalidad.
