12 abr. 2024

Diputados nuevamente postergan estudio del proyecto de ley sobre conflicto de intereses

La Cámara de Diputados quedó sin cuórum, por lo que quedó sin tratar nuevamente el proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses. Los diputados colorados abandonaron la sesión, tras un nuevo enfrentamiento entre diputados de Honor Colorado y la diputada Celeste Amarilla.

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Sesión de Diputados queda sin cuórum y quedan sin tratar varias puntos.

Foto: Gentileza.

Los diputados dejaron sin cuórum la sesión, permaneciendo solamente 32 legisladores en sala, tras la intervención de Celeste Amarilla, cuando estaban tratando la ampliación de presupuesto del Ministerio Público.

Estudiaron solamente 12 puntos de los 21 que figuraban en el orden del día, dejando de tratar, entre ellos, el proyecto de conflicto de intereses, que estaba entre los últimos de la lista. Durante la sesión de este miércoles, mayoritariamente aprobaron expropiaciones y desafectación de dominio público.

Amarilla con duras declaraciones se mostró en contra de la ampliación presupuestaria que se pretendía dar a la Fiscalía de G. 116.945.578.811, financiados con recursos del Tesoro.

El proyecto de presupuesto remitido contempla un ajuste salarial del 15% para los salarios inferiores a G. 10 millones para 4.583 cargo. El último aumento fue en el 2019 por un porcentaje del 3,5%.

Asimismo, la creación de 40 cargos para agentes fiscales, 120 asistentes fiscales, 80 secretarios fiscales y 40 auxiliares fiscales para las unidades de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo, y unidades de Lucha contra el Narcotráfico, Contrabando, Violencia Familiar, Trata de Personas y la creación de unidades especializadas de Lucha contra el Abuso Sexual en Niños y hechos punibles que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal.

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La creación de 15 unidades penales con 8 funcionarios para cada unidad. Así también la creación de cargos de apoyo a la gestión fiscal con 10 forenses, 40 sicólogos 10 trabajadores sociales, 5 siquiatras forenses, 30 asistentes, 40 peritos y 40 choferes; además de subsidios familiar, bonificaciones y gratificaciones para 409 fiscales.

“Hay que acordarse que esto nace después de que murió el fiscal (Marcelo) Pecci, lo mismo pasó con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)”, señaló recordando que luego de cada secuestro se pide más dinero y lo comparó con un “papá rico” que paga para tapar los errores del hijo.

“Había sido hay que darles un premio a los abogados que están en la Fiscalía, ¿bonificación por mérito académico? Si se supone que si no es abogado no puede estar ahí”, criticó.

Cuestionó que el atentado del fiscal asesinado en Colombia sea utilizado incluso para el salario para trabajadores de limpieza. “Que suerte que murió el fiscal Pecci porque ahora estos trabajadores van a tener sueldo. Si no moría el fiscal Pecci, señoras y señores limpiadores de la Fiscalía, ustedes no iban a cobrar ni un peso”, ironizó.

La diputada liberal pidió el aplazamiento de este proyecto y dijo que se trata de una burla más de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y comentó que de ninguna manera se puede aprobar la ampliación, “si no viene la fiscala general a explicar este mamotreto”.

En otro momento de su intervención, tras un cruce de declaraciones con el cartismo, afirmó que pese al aumento presupuestario se seguirían teniendo los mismos resultados.

“La Fiscalía no está investigando el crimen organizado, lavado de dinero ni el narcotráfico. Y van a seguir muriendo fiscales, intendentes, gobernadores y ojalá que mueran diputados, siempre que no sea yo”, expresó en medio de barullo de sus colegas que abandonaron la sala.

Ley de conflicto de intereses

Finalmente, quedó a la espera de ser tratado nuevamente el proyecto de ley que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, amplía la Ley 5295/2014 “Que prohíbe el nepotismo en la función pública”.

El proyecto pretende que las autoridades que ocupen cargos de presidente y vicepresidente de la República, presidente, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, ministros del Poder Ejecutivo o presidentes de entes autónomos, autárquicos y quienes ocupen cargo directivo deberán enajenar o renunciar a su participación en la propiedad de empresas proveedoras de bienes o servicios al Estado o a sus organismos y en empresas que presten servicios sujetos a tarifas reguladas o que exploten, a cualquier título, concesiones otorgadas por el Estado, incluidas las concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción y de radiodifusión sonora o cualquiera que tenga relación o interés en las tareas que cumple.

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