Ante los recientes casos de feminicidios y otros intentos que se produjeron en el país en las últimas semanas, la diputada Johanna Ortega, de País Solidario, la Cámara de Diputados propuso derogar la conocida Resolución Riera.
El documento había entrado en vigencia en el 2017 cuando el actual ministro del Interior, Enrique Riera, se desempeñaba en la cartera educativa.
El texto rescata el caso de feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años en la ciudad de Lambaré, a pesar de que había denunciado a su ex pareja por hechos de violencia y de contar con una medida de protección. En el caso incluso se comunicó el desacato de la medida al Ministerio Público.
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Al respecto, el proyecto lamenta que suman 20 los casos de feminicidios registrados en el Ministerio Público aunque esté vigente la Ley 5.777/2016 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
En ese sentido el documento destaca que la legislación asigna al Ministerio de Educación las obligaciones concretas en el ámbito de la prevención con la incorporación de la perspectiva de igualdad de derechos del hombre y la mujer, la no discriminación, el respecto de los derechos humanos, así también le impone revisar y actualizar los libros de textos y materiales didácticos utilizados en el sistema educativo con la finalidad de fomentar la igualdad de derechos, oportunidades, trato y resultados de las mujeres con relación a los hombres.
Para la proyectista, la Resolución Riera es confusa al respecto y puede desalentar el abordaje en las aulas de contenidos sobre igualdad, estereotipos, prevención y detección de la violencia que la Ley le ordena aplicar.
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“Una resolución ministerial no puede restringir lo que la ley y los tratados internacionales mandan”, refiere.
Recordó el mandato de la Constitución Nacional, así como tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados. Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas había expresado en el 2017 su preocupación por la prohibición impuesta por el Ministerio de Educación.
