La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 1.º de la Ley N.º 7349/2024, evidenciando las posturas divididas a través de los votos, en medio de la crisis colorada.
La propuesta busca ampliar la cobertura de la pensión mensual destinada a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad que quedan en situación de vulnerabilidad tras un feminicidio u homicidio en el contexto de violencia familiar.
El documento pasa ahora a la Cámara de Senadores para su segundo trámite constitucional.
La iniciativa subsana una limitación técnica de la normativa vigente, la cual condicionaba la asignación del beneficio a la existencia de un vínculo de filiación directa con la víctima del crimen.
Con esta modificación, la pensión equivalente a 15 jornales mínimos mensuales (G. 1.756.155) se otorgará en función del impacto de la tragedia y la vulnerabilidad real del menor, incorporando formalmente a los hijastros y dependientes del núcleo familiar golpeado.
Superar la barrera del “vínculo de sangre”
Durante la fundamentación en la plenaria, la diputada opositora Dalia Estigarribia (PLRA) explicó que la redacción aprobada en 2024 contenía una traba excluyente al limitar el auxilio financiero a los descendientes del agresor.
“Esto significaba que la legislación condicionaba la ayuda estatal a la existencia de un vínculo de sangre directo, dejando desprotegidos a niños que convivían y dependían del mismo hogar destruido”, argumentó.
En la misma línea, la diputada cartista Rocío Abed, en representación de la Comisión de Equidad Social y Género, enfatizó que el espíritu de la reforma es priorizar el interés superior del menor sobre los formalismos de filiación.
“Se trata de poner en el centro a quien realmente necesita la protección del Estado. La violencia familiar genera estragos que trascienden a la víctima directa y alcanzan a todo su entorno afectivo. Esta modificación garantiza que ningún niño quede sin asistencia solo por no tener un vínculo de sangre con el agresor”, remarcó Abed.
Estadísticas: el drama de las víctimas colaterales
La urgencia del ajuste legislativo se respalda en los registros oficiales del Ministerio Público sobre el impacto colateral del feminicidio en el país.
Evolución histórica (2017–2026): Se contabilizan 602 víctimas colaterales (hijos e hijas huérfanos) desde la promulgación de la ley especializada.
Registro 2025: Se reportaron 37 feminicidios y 55 tentativas, dejando un saldo de 69 huérfanos.
Acumulado a octubre de 2026: La Fiscalía registra 21 víctimas de feminicidio y 29 tentativas en lo que va del año. Un total de 39 hijos quedaron huérfanos, de los cuales 27 son menores de edad.
