Tras un extenso debate sobre la forma de reglamentar el tratamiento de la pérdida de investidura de un legislador, los diputados decidieron que los procedimientos se establezcan por medio de un proyecto de ley.
La discusión durante la sesión extraordinaria de este martes se centró en si la reglamentación debía realizarse en forma interna y a través de un proyecto de ley.
Un total de 58 legisladores votaron para que el tema sea por ley y 18 vía reglamento interno. De esta forma, se dará trámite a un proyecto normal, es decir, también deberá ser analizado por el Senado.
En lo que resta de este 2018, ya no se tratarán las pérdidas de investidura en el Congreso Nacional.
Con esto, la Cámara Baja dio una bocanada de aire al diputado liberal Carlos Portillo, quien fue salpicado por audios filtrados.
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Los legisladores incluyeron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dentro del proceso para la pérdida de investidura, como el ente juzgador.
Según la propuesta, se necesita una mayoría absoluta de 41 diputados para que el pedido de pérdida de investidura sea remitido a un Tribunal Electoral; la decisión puede ser apelada ante el TSJE.
El tratamiento en particular no pudo concluir ya que varios legisladores abandonaron la sala de sesiones, por lo que se votó por convocar a una sesión extraordinaria para tratar todos los aspectos de la propuesta de ley.
Caso Portillo
Portillo había sido acusado por el Ministerio Público por el hecho punible de tráfico de influencia por un caso ocurrido en Alto Paraná. La abogada Lucía Escobar Santacruz, ex secretaria general de la Municipalidad de Hernandarias, presentó al legislador a Auda Fleitas, quien tenía un proceso judicial en su contra por producción de documentos no auténticos y estafa.
El legislador le aseguró que la ayudaría. En agosto del 2017, de acuerdo con la carpeta fiscal, Portillo se comunicó con Fleitas y le explicó que accedió a la carpeta fiscal y que el caso pasaría a la Cámara de Apelaciones porque no correspondían los plazos de acusación.
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Aparentemente, los camaristas del caso le pidieron USD 3.000 a Portillo a cambio de una resolución favorable y el propio liberal pagó. En setiembre de ese año se comunicó nuevamente con la afectada y le avisó que solo faltaba una firma para su favor.
