La Cámara de Diputados sesionó este miércoles en forma extraordinaria y debía tratar el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la ley que establecía la transferencia de las tierras conocidas como Marina Cué.
Sin embargo, el pleno decidió aplazar su tratamiento y estudiar recién una vez que termine el receso parlamentario y se retorne a las sesiones ordinarias en el mes de marzo.
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El diputado Sebastián García Alfieri, del Partido Patria Querida, planteó el aplazamiento de su tratamiento y esto fue aprobado por una mayoría, sin oposición, a pesar de que el bloque de Honor Colorado ya había adelantado que se pronunciaría en favor del veto.
La ley quedará vetada si es aceptada por la Cámara de Diputados y de Senadores, si ambas lo rechazan por mayoría, quedará promulgada, y en caso de que una ellas no reúna los votos necesarios para el rechazo, la normativa quedará sin efecto.
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El jefe del Ejecutivo argumentó en su objeción que la ley entraba en contradicción con la ley de Deforestación Cero, contradictoriamente, casi un mes después de que el propio Abdo Benítez festejara la sanción del Parlamento.
Los litigios por la propiedad ubicada en la colonia Yvyra Pytã, de Curuguaty, más conocida como Marina Cué, estuvieron años sin resolverse. Fue el lugar donde 11 campesinos y seis policías perdieron la vida tras un operativo irregular de desalojo el 15 de julio de 2012.
Aquella situación, conocida como la masacre de Curuguaty, enlutó al país y dejó huellas imborrables para decenas de familias paraguayas. Tras este suceso se produjo un fugaz juicio político que acabó con la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
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Un grupo de campesinos provenientes de la zona de Marina Cué se movilizó tras el veto del presidente en la Plaza de Armas, de Asunción, como parte de las medidas para exigir que el Congreso se ratifique en el traspaso de las tierras en las que habitan.
Familiares y víctimas de la masacre de Curuguaty criticaron la decisión de Mario Abdo y calificaron como una traición.
Esta normativa declara de interés social y desafecta la finca Nº 30, padrón Nº 61 del Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, la propiedad del Estado paraguayo que está a nombre del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y transfiere a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) fue promulgada por el Congreso el 17 de diciembre.
