Los diputados establecieron que para presentarse un pedido de pérdida de investidura se necesitará un tercio de los miembros de la Cámara y para aprobar la destitución se tendrá que tener una mayoría de dos tercios.
El proyecto que establece el procedimiento para definir la expulsión o no de un parlamentario proviene de la Cámara de Senadores, que ya disponía la condición de que para presentar siquiera un pedido de pérdida de investidura es necesario contar con un tercio de los miembros de la Cámara.
En el caso de Cámara de Senadores son necesarias 15 firmas para presentar un pedido, mientras que en la Cámara Baja se requieren 27 firmas de legisladores.
El diputado Sebastián Villarejo pidió la modificación de este articulo por considerar un “autoblindaje” este requisito, pero no consiguió los votos necesarios.
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Sin embargo, en la versión de la Cámara Alta quedó establecida la mayoría simple para la destitución, cuestión que fue modificada por propuesta del diputado colorado Éver Noguera.
De esta manera, el artículo 9 de la propuesta señala que en caso de resolución condenatoria en el ámbito judicial, esta deberá ser debidamente fundada en los fundamentos de hecho y de derecho analizados en el proceso y ser consecuentes con los principios de congruencia y razonabilidad, y la aprobación se deberá dar por mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente.
Finalmente, los diputados decidieron sacar el artículo 12 que establecía que en caso que no se inicie el proceso en un plazo de cinco meses, la denuncia será archivada.
Villarejo criticó que el proyecto no haya sido dictaminado por las comisiones correspondientes y que a “escondidas” se presente para ser estudiado. Dijo que era un acto de cobardía de parte de sus colegas.
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Por su parte, Celeste Amarilla señaló que todos los artículos del proyecto van en contra de la Constitución Nacional, pero que nada se puede hacer frente a la mayoría colorada.
Actualmente, se requieren 13 votos en el Senado para remover a un legislador, mientras que en Diputados 22 (la mitad más uno de los presentes).
El último intento de los congresistas por autoblindarse fue en 2019, pero el presidente Mario Abdo Benítez vetó la ley que también buscaba subir la cantidad de votos requeridos para la expulsión de un legislador.
