28 may. 2026

Diputados aprueba en general proyecto de ley antimafia de los pagarés

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley antimafia de los pagarés, pero aplazó su tratamiento artículo por artículo para la próxima semana. La Cámara de Senadores ya había dado media sanción.

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La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley “Que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador”.

Foto: Gentileza.

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador, también conocido como la iniciativa antimafia de pagarés.

La Cámara Baja decidió aprobar en general el proyecto y postergar su estudio en particular para la próxima semana. La Cámara de Senadores ya le otorgó media sanción.

Lea más: Imputan en más causas de la mafia de pagarés a jueza Analía Cibils y a otra destituida

El proyecto fue sancionado como respuesta a la denuncia presentada por víctimas del caso conocido como la mafia de los pagarés, un esquema que operaba en comercios de venta de vehículos y casas de crédito, donde los acreedores retenían deliberadamente los documentos ya cancelados por los clientes para revenderlos o ejecutarlos judicialmente por segunda vez.

Debido a la falta de mecanismos punitivos en la legislación actual, el proyecto busca obligar de forma estricta al acreedor a devolver los pagarés en un plazo máximo de cinco días, tras el pago de la deuda.

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En caso de incumplimiento, se aplicará una sanción equivalente al 20% del monto total de la deuda.

“Esta situación ocurre de manera diaria. Se van nuestros compatriotas a la playa de autos y les dicen que el pagaré no está disponible. Ellos se cansan y dejan de reclamar el documento, que luego es utilizado por estos grupos mafiosos para volver a cobrar la misma deuda”, expresó el diputado Néstor Castellano del Partido Colorado.

En la fecha, una de las víctimas de la mafia de los pagarés aprovechó el recorrido del presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, para hablar con él y quejarse de un embargo ilegal por unos G. 100 millones. “Prefiero ir a la cárcel antes que pagarles a estos delincuentes”, afirmó el afectado.

En la causa se encuentran procesados ujieres, jueces y abogados de firmas de cobranza.

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