La Cámara de Diputados, presidida por el diputado Raúl Latorre, aprobó ayer el veto total por parte del presidente de la República, Santiago Peña, a la ley de despojo de tierras de la finca 916 correspondiente al Ministerio de Defensa en Villa Hayes. Con esto, el proyecto impulsado por el senador cartista Basilio Bachi Núñez quedará archivado, posteriormente a su paso de mero trámite por Senado.
No obstante, las tierras siguen ocupadas irregularmente y las diligencias siguen en l ámbito jurisdiccional.
Con 66 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aceptó el veto presidencial que pretendía desafectar tierras del Ministerio de Defensa en Villa Hayes.
Ahora pasa al Senado, pero ya por mera formalidad, teniendo en cuenta de que para que un veto del Ejecutivo quede firme, basta con que una de las Cámaras acepte.
La ley que fue sancionada por el Congreso pretendía desafectar 131 hectáreas de la finca 916 de Remansito, propiedad del Ministerio de Defensa, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, y beneficiar a ocupantes vips.
El proyecto de expropiación de las tierras tenía como finalidad entregar títulos onerosos a los actuales ocupantes.
La ley tuvo sanción ficta el 28 de setiembre pasado, tras una jugada de parlamentarios del cartismo orquestada por Basilio Bachi Núñez, que dejó sin cuórum la sesión.
Hechos punibles. La Procuraduría informó que la Fiscalía solicitó información sobre antecedentes judiciales de la finca 916. El viernes le remitieron los documentos, que se refieren a información de sentencia, donde la Procuraduría demandó la nulidad de adjudicación. Una vez que termine la Procuraduría el proceso que están llevando a cabo, analizan informar a la Fiscalía sobre hechos que podrían ser indicios de hechos punibles (es aparte del pedido de informe de la Fiscalía en el marco de la causa que ya abrieron por la denuncia de una senadora).
De 17 ocupantes, 3 ya devolvieron sus parcelas. Aparentemente son 14 los que se resisten a entregar, de las 16 hectáreas de la zona ribereña.
Lección. Precisamente, el consenso al que llegaron los diputados es necesario establecer mecanismos de control más eficientes, principalmente, cuando se trata de regularizar invasiones de tierras pertenecientes al Estado paraguayo. Se instó a que los inmuebles de dominio del Estado deben ser administrados y dedicados a la satisfacción de altos intereses.
La diputada Johanna Ortega manifestó que el caso de la finca 916 es un ejemplo de la existencia de “ciudadanos de primera y de segunda” ante la ley.
Dos fiscales investigan invasión
Los fiscales Diego Arzamendia y Osmar Legal fueron asignados para investigar la supuesta ocupación irregular en Jardines de Remansito, en la ciudad de Villa Hayes, luego de la denuncia de la senadora Yolanda Paredes.
Ambos agentes solicitaron reporte de los antecedentes a la Procuraduría General de la República, la cual entregó los documentos ayer al Ministerio Público.
El fiscal Arzamendia confirmó que ya empezaron a hacer las primeras diligencias para determinar hechos y posibles responsables.
A principios del mes, la senadora había denunciado a los conocidos ocupantes vips de la finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.
Se denunciaron los hechos de lesión de confianza, invasión de inmueble ajeno, estafa, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Entre los ocupantes estarían un camarista y altos empresarios.
