El diputado Rubén Rubin admitió durante una audiencia pública que la aplicación de su proyecto de modificación del Código Penal para incorporar la cadena perpetua en el sistema de Justicia tiene varias trabas, como la superpoblación carcelaria o la falta de consenso en el Congreso, pero igualmente avanzará con la propuesta.
El legislador opositor se basa solo en argumentos punitivos como para dar una respuesta a la indignación por el crimen de María Fernanda Benítez (17) en Coronel Oviedo o del trabajador delivery asesinado en Asunción, pero no contempla las bases jurídicas, los factores sociales, estructurales ni la prevención. “Para la violación o asesinato no hay reinserción, se tiene que pudrir en la cárcel”, sentenció.
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La principal crítica es la inconstitucionalidad, ya que la Carta Magna establece la reinserción social de los condenados. No obstante, el diputado alega que el artículo 20 apunta no solo a la readaptación de la persona privada de libertad, sino también la protección de la sociedad.
“En este caso, en esa frase prevalece la protección de la sociedad por sobre la readaptación del condenado. Nunca podemos poner el bien individual por encima del bien colectivo”, manifestó.
La falta de infraestructura no está contemplada en el proyecto, ni siquiera ante la superpoblación actual de las cárceles, tampoco que estas puedan aumentar su población de personas adolescentes ante el cambio del Código Penal.
“Vamos a tener un problema de infraestructura, en un principio, porque Mario Abdo hizo nuevas cárceles, no hizo una ni dos. Hizo más. Hay una nueva en Emboscada que está vacía. Podemos usar esa cárcel”, precisó.
El texto de Rubén Rubin propone situaciones extremas como la cadena perpetua por causar una muerte en un accidente de tránsito. Su colega Jorge Ávalos Mariño (PLRA) indicó que si bien apoya el proyecto, considera que deben darse ajustes, entre ellos, en este punto.
Rubin reconoció que no tiene apoyo político ni de la Corte Suprema, pero afirmó que va a llevar el proyecto al pleno y que va a “cambiar la cultura jurídica, porque el Poder Judicial hoy es prodelincuente”.
El diputado dijo a su vez que pidió una comisión especial que estudie su proyecto, para abordar el problema de forma integral, y aseguró que está convencido de que la cadena perpetua es parte de la solución. “Estoy podrido de que me digan que esa no es la solución”, lanzó.
Estudiante pidió prevención y presupuesto
Durante la audiencia pública participaron docentes, estudiantes y algunas organizaciones de sociedad civil. El joven Ángel Britos, alumno del Colegio Saturio Ríos de San Lorenzo, cuestionó que las propuestas de las autoridades sean solo reacciones a las muertes, por sobre el dolor, y que no haya sistema de prevención.
“No hay protocolos ni alertas tempranas especializadas. No alcanza con penas más duras si no hay prevención”, resaltó.
Sostuvo, además, que los estudiantes exigen inversión, políticas públicas para prevenir el crimen y un trabajo eficiente del Ministerio Público. “Que el Estado llegue antes del daño y no después de la muerte. Fernanda no fue un caso, fue una víctima. No queremos marchar con fotos, sino vivir con dignidad. Que los congresistas vayan a las escuelas, escuchen las necesidades de la gente, lleguen antes de la muerte. Exigimos justicia, colegios seguros y políticas públicas reales”, manifestó el joven.
El proyecto de Rubin contempla que las penas sean revisables, es decir, poder revertir la perpetuidad, pero solo después de cumplirse 50 años de prisión. Los casos establecidos son homicidio doloso, abuso sexual, pertenencia a organizaciones criminales, terrorismo con resultado de muerte, secuestro con resultado de muerte, tráfico de drogas, magnicidios y asaltos con resultado de muerte.
