Durante la sesión de la Cámara Baja, el diputado Rubén Rubin defendió su proyecto que busca suspender la contratación innecesaria o la no creación de nuevos cargos por espacio de 24 meses. Al ver que su proyecto iba a sufrir un revés y ser rechazado optó por solicitar la postergación.
Tras esto, el seno de la Cámara se dedicó a discutir por cuántos días se postergaría el tratamiento, ya que el proyectista solicitó 15 días y de inmediato el oficialismo opuso la moción de 30 días.
En medio de esta discusión para la postergación, el titular de la Cámara, Raúl Latorre pasó lista y corroboró la falta de cuórum por lo que levantó la sesión y el documento quedó sin tratamiento.
Ahora queda en manos de la Mesa Directiva resolver si lo volverá a tratar en 15 días, dado que la semana entrante no sesionará. También podría optar por postergar permanentemente, puesto que la propuesta legislativa no fue del agrado del oficialismo que controla la Cámara.
Fundamento del proyecto
El proyectista expresó la necesidad de contar con una herramienta que apunte a que el Estado ahorre y sostiene que la suspensión de contratos es una vía. Rubin señaló que también se abordará este tema durante la discusión del Presupuesto General de la Nación.
“Es cuestión de ver arroba Kiara Coronel, ella visibiliza, porque puerta que tocás ves gente al pedo”, señaló con relación a la tarea periodística que destapa en varias instituciones a los llamados planilleros.
En este sentido, dijo que cualquier recorte suma para que el Ministerio de Economía cumpla con su rol.
Según lo establecido en su propuesta, se busca que solo las contrataciones indispensables tengan cabida y no las que se convierten en cupos políticos. Estas son las que corresponden a educación, personal de blanco y seguridad.
A su criterio, uno de tres funcionarios que ingresan al Estado lo hacen de manera innecesaria y para formar parte de la clientela política. Alrededor de 10.000 puestos quedan vacantes al año.
El legislador propone que cuando se produzca una vacancia en cargos administrativos considerados no esenciales, esta no sea cubierta. De esta manera, plantea reducir progresivamente la cantidad de funcionarios sin recurrir a despidos.
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De acuerdo con sus cálculos, en los últimos dos años se registraron 18.486 vacancias en el sector público, que representaron un gasto de G. 87.852.186.045.
El diputado estima que con la receta que busca se apruebe se apuntaría a un ahorro de aproximadamente G. 47.000 millones, recursos que, según plantea, deberían ser redireccionados a educación, salud y seguridad.
Populista
Su proyecto tuvo la oposición del diputado colorado oficialista Alejandro Aguilera, quien afirmó que se pone en cháke las contrataciones de carácter esencial y calificó el proyecto de populista.
“De 8 mil a 9 mil ingresan y no se puede recortar porque nos vamos a quedar sin personal de seguridad, docentes y de salud y por eso este es un debate más profundo, el de mejorar el gasto público y de gastar mejor el dinero del contribuyente, pero muchas veces es fácil dar discursos populistas simplistas para caerle bien al público en general”, señaló.
Para el diputado Antonio Buzarquis, existen distintas categorías de funcionarios y se debe ver caso por caso.
“Están aquellos jubilados, los que están por jubilarse y los que jamás van a jubilarse. También hay que ver las desigualdades en el nivel salarial”, indicó.
El diputado oficialista Hugo Meza negó que el Estado esté atestado de funcionarios. Afirmó que en la región es el Estado paraguayo uno de los que menor carga tiene en materia de contrataciones.
“Hay un estudio de que el Estado nuestro en la región es la de menor carga de contratados. Es una bolaterapia (sic) que tenemos miles de contratos y que el Partido Colorado nomás contrata”, expresó.
Finalmente, la discusión no pudo continuar porque la sala quedó sin cuórum y el titular de la Cámara Baja Raúl Latorre levantó la sesión.
