El legislador cartista Walter Harms fue incorporado en la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el acuerdo secreto firmado por compra de potencia de Itaipú, entre Paraguay y Brasil. Su designación fue en reemplazo de la diputada Kattya González, quien denunció que fue excluida de forma arbitraria del grupo.
Sin embargo, Harms consideró que la comisión no podrá indagar o resolver mucho más que la Fiscalía o la misma prensa en el caso. “Yo no creo mucho en el resultado de las comisiones”, expresó en comunicación con Monumental 1080.
Como ejemplo, señaló que la comisión bicameral que se creó para investigar a Dario Messer no aportó mucho más que lo que descubrió la Fiscalía y, por ello, no cree que esta nueva agrupación pueda ir más allá.
“Tengo toda la intención de aportar, pero creo que desde mi experiencia, todo lo que se vio ya puede aportar, pero tampoco voy a ser utópico y decir que la comisión va a tener la verdad y va a condenar a los actores”, sostuvo el legislador.
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Al ser consultado sobre la exclusión de su colega González, argumentó que la mesa directiva se apresuró en designar a los miembros y no se tuvo en cuenta la lógica de proporcionalidad con los grandes partidos. Refirió que las bancadas mayoritarias deben tener más espacios.
Juicio político
Por otra parte, Harms fue consultado sobre su opinión acerca del juicio político a Mario Abdo y el argumento de traición a la patria, a lo que contestó que no cree que se llegó a esa instancia. No obstante, mencionó que se cometió “un error muy grande”.
El diputado sostuvo que considera la posibilidad de conversar sobre el enjuiciamiento; sin embargo, cree que no existen causales graves como para destituir al primero del Ejecutivo.
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“Yo soy partidario de que hay que finiquitar esta situación y que se dé un corte definitivo para no seguir alertando”, refirió el parlamentario.
El juicio político al presidente Mario Abdo y al vice Hugo Velázquez se incluyó en la agenda política y social a causa de un acta bilateral secreta que fue firmada entre Brasil y Paraguay en mayo, pero que recién se dio a conocer en julio pasado.
El escándalo derivó en la salida de las principales autoridades implicadas y fue motivo de una denuncia que actualmente es investigada por el Ministerio Público.
Técnicos refieren que el acuerdo perjudicaba gravemente al Paraguay y representaba un sobrecosto de al menos USD 200 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
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Además, aumentó la presión sobre los principales representantes del Poder Ejecutivo, el presidente, Mario Abdo; el vicepresidente, Hugo Velázquez; y el ministro de Hacienda, Benigno López. En este contexto, la oposición presentó dos pedidos de juicio político ante la Cámara de Diputados.
