La legisladora del Partido Patria Querida Rocío Vallejo sentó postura en rechazo al proyecto del Ejecutivo que pretende castigar la inmunización en forma irregular contra el Covid-19, la comercialización de medicamentos en el mercado negro perteneciente a Salud Pública y que le da amplios poderes al Gobierno para aplicar restricciones a la ciudadanía.
A criterio de la diputada, la propuesta presenta varias fallas en cuanto a cuestiones administrativas y penales. Además, carece de descripciones específicas en cuanto a las conductas punibles y los responsables.
“Se quiere dar una facultad a la autoridad administrativa de control, sin establecer la institución, y a la Policía de solicitar orden de allanamiento a cualquier autoridad de la zona designada por la Corte Suprema, para ingresar en algún lugar, sin estar acompañado de un fiscal. El allanamiento es un acto sumamente delicado y me parece muy grave”, expresó la diputada en contacto con NPY.
Otro punto que cuestiona Vallejo tiene que ver con la conducta punible que incluyen en el proyecto, bajo la tipificación de inmunización irregular.
“No hay una conducta claramente descrita que responda al principio de legalidad. En la norma dice: el que como funcionario utilizase su cargo o posición. Pero, ¿qué es posición? En derecho penal uno no puede poner nomás una palabra sin explicar el alcance”, agregó.
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La diputada también mencionó que no se especifica correctamente sobre la conducta del responsable en cuanto a quién autoriza y quién aplica. “Aquí hay un vacío y no sabemos cuál es la conducta de lo que se quiere aprehender. En derecho penal esto tiene que ser súper claro para aplicar correctamente”, sostuvo.
Con su postura en contra de la propuesta, la parlamentaria del PPQ expresó que no se puede continuar con la temática de castigar penalmente todo para tapar la ineficiencia de gestión del Gobierno.
“Esto sucede por falta de control, de trazabilidad y no vamos a solucionar con una norma penal (…). Estoy casi segura que el 99% va a terminar con una salida procesal porque no podés llevar a juicio oral esto, es un derecho a salud también”, argumentó.
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Finalmente, Vallejo insistió que su rechazo se da por un punto de vista netamente técnico y que la normativa presenta “serias fallas en cuanto a la aplicabilidad”.
“Esta propuesta tiene serios problemas, tal vez la intención es buena, no digo que no sea, pero tiene problemas de aplicabilidad y lo penal me parece que es innecesario”, concluyó.
